La Procuraduría General de la Nación advirtió la persistencia de fallas estructurales en la respuesta institucional frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia, al señalar que la baja detección temprana, la normalización social del delito y la desarticulación entre las entidades responsables obstaculizan la prevención y la atención efectiva de las víctimas.
El pronunciamiento se realizó en el marco del Encuentro contra la Explotación Sexual, liderado por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos, la Alcaldía de Cartagena, la Policía y la Fundación Renacer.
La delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer enfatizó durante el evento que este delito constituye una vulneración de derechos humanos vinculada a la violencia de género y a prácticas discriminatorias que afectan la dignidad de los menores.
La funcionaria alertó que, de acuerdo con el Observatorio de la organización «Valientes Colombia», entre 2023 y 2025 se denunciaron más de 6.000 casos, con un pico de 2.251 registros únicamente en 2024.
Esa tendencia coincide con los hallazgos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) que, a través de una operación estadística experimental, reveló que la Fiscalía recibió 22.697 denuncias por este delito entre 2015 y 2025.
En sus labores, el Ministerio Público realizó durante 2025 un diagnóstico nacional en los 32 departamentos del país, en el que detectó territorios críticos, falta de coordinación institucional y brechas de atención a las víctimas.
Con base en esos hallazgos, la entidad emitió directivas y recomendaciones técnicas para que las procuradurías judiciales de familia refuercen de inmediato la protección y el seguimiento a las víctimas que hacen parte del sistema.
La delegada instó a las familias a mantenerse como primer entorno protector; a las instituciones del Estado a actuar de forma oportuna con enfoque de género; a los servidores públicos a garantizar atención sin revictimización, y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia contra la niñez.
/Colprensa.
