La celebración de un aniversario más del día de las víctimas en la sesión del Congreso de la República en pleno se convirtió en el escenario para se formularan duros cuestionamiento al presidente Gustavo Petro, no sólo por incumplirle a las víctimas, sino también por promover incluso la violencia.
Así, por ejemplo, lo expresó ante el plenario la señora María Claudia Tarazona, la esposa del asesinado senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien expresó que Petro no representa a los colombianos y que además se alía con los violentos”.
Tarazona, quien fue la primer víctima en intervenir en la sesión, al respecto señaló: “Recordemos, un mal gobierno no nos representa como colombianos. La deshonra de quien está hoy en el poder no nos representa, somos mucho más que un pésimo gobierno que es indolente, cómplice del dolor, la violencia y la criminalidad a lo largo y ancho del país”.
Por su parte el presidente del Senado, Lidio García Turbay, expresó este no es un día más, sino que es un día que obliga a escuchar a las víctimas que durante tantos años no se les escuchó, “no es un acto protocolario, es un día moral, es un día que les pertenece a quienes se han tenido que reconstruir sobre la ausencia del Estado”.
García dijo que la violencia no sólo se mide en estadísticas sino en la historia de cada persona, “hoy este Congreso no se puede limitar a conmemora debe reconocer que tiene una deuda histórica jurídica y moral con las víctimas, una deuda que no se paga con palabras sino con hechos”. Indicó además que la ley de víctimas avanza con rezago y faltan recursos para repararlas, “aún hoy hay millones de víctimas que siguen esperando una reparación efectiva, que el estado llegue con acciones concretas”.
Al intervenir también en la sesión, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, manifestó que “este día no le pertenece al Estado. Le pertenece a quienes han cargado el peso más duro de nuestra historia. A quienes han tenido que reconstruirse sobre la ausencia. Colombia tiene más de diez millones de víctimas registradas en el Registro Único de Víctimas. Una cifra que sobrecoge. Pero incluso ese número se queda corto. Porque la violencia no se mide solo en estadísticas. Se mide en silencios. En sillas vacías. En historias interrumpidas”.
Indicó además que “este Congreso no puede limitarse a conmemorar. Tiene que reconocer que tenemos una deuda. Una deuda histórica, moral y jurídica con las víctimas. Una deuda que no se paga con palabras. Se paga con hechos. Colombia cuenta con un marco normativo importante, como la Ley 1448 de víctimas y restitución de tierras, y más recientemente la Ley 2421 de 2024. Sin embargo, la realidad es que la reparación integral avanza con un rezago profundo. Existe un déficit presupuestal que limita la capacidad del Estado para cumplir plenamente con las obligaciones que ha asumido, no solo en el ámbito interno, sino también frente a los tratados de derechos humanos y el derecho internacional humanitario que hemos ratificado como nación”.
El representante Orlando Castillo Advíncula, quien hace parte de las curules de las víctimas, le reclamó al gobierno Petro y al Estado Colombiano que “necesitamos hoy con mucha fuerza se garantice y preserve la vida de la gente. Es muy bonito habar en el Congeso pero es muy difícil cuando sacan a un líder o un campesino lo secuestran o lo matan, eso es lo que hoy se está viendo en los territorios por los grupos armados. Exijo a este gobierno que por favor necesitamos presencia institucional porque lo que estamos recibiendo es plomo y nadie dice nada”.
La líder social Deysi Guanaro, quien representa a una de las fundaciones de las víctimas del terrorismo, cuestionó a los congresistas de Comunes (ExFarc), y se refirió en concreto a la senadora Sandra Ramírez, de quien la señaló de haber sido una de las entonces jefes guerrilleras que la abuso y permitió que fuera objeto de abuso sexuales.
Otra de las víctimas que habló, Adriana Pérez, declaró que a casi diez años de la ley de víctimas no hay reparación integral a millones de víctimas, “la política pública no avanza, no hay presupuesto, la entrega de tierras ha sido politizada por este gobierno, mientras tanto, el terrorismo sigue con el conflicto armado, las desapariciones y el reclutamiento forzado de los niños”.
