La diputada Rosita Jiménez tomó ,a decisión del exilio voluntario ante la falta de medidas de seguridad concretas tras un atentado a bala sufrido la semana anterior.
Siete días después de denunciar que su vida corre peligro, la diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, alerta que no ha recibido ninguna medida concreta por parte del Estado para garantizar su seguridad. La falta de respuestas frente a un riesgo que ahora se ha materializado preocupa a la dirigente política y evidencia la inacción de las autoridades frente a amenazas que durante años ha señalado y que hoy se hacen realidad.
En entrevista con RADIOHOY.COM, Jiménez aseguró que, a pesar de la gravedad de los hechos, “Luego de los siete días de este cobarde atentado del que fui víctima debo decirlo, no hemos encontrado alguna respuesta, solo silencio, omisión por parte de los primeros respondientes, en este caso el Gobierno departamental, el Gobierno distrital, la Policía y la UNP” dijo, poniendo en evidencia lo que califica como un abandono institucional frente a un riesgo que sigue latente.
Desde su labor como diputada y líder social, ha denunciado la inseguridad, la delincuencia y la corrupción en el Magdalena, enfrentando ataques y amenazas que, según explica, buscan intimidarla y frenar su control político. Su historia, marcada por el riesgo y la falta de respuestas, refleja una problemática que trasciende lo personal y que pone sobre la mesa la responsabilidad del Estado en la protección de los servidores públicos y líderes sociales.
La diputada recordó que cuenta con esquema de protección desde el año 2021, asignado por la Unidad Nacional de Protección debido a amenazas previas relacionadas con su labor como líder social y posteriormente como diputada. Sin embargo, el atentado reciente dejó en evidencia fallas en ese esquema.
Relató que el vehículo blindado en el que se transportaba recibió varios impactos de bala, lo que comprometió sus condiciones de seguridad. A pesar de ello, afirmó que no ha habido reacción por parte de las autoridades. “Ni siquiera han hecho el cambio del vehículo que hoy ya no cuenta con las condiciones adecuadas, después de recibir seis disparos perdió sus propiedades de blindaje y es altamente vulnerable”, sostuvo.
En medio de esta situación, aseguró que la única comunicación institucional que ha recibido ha sido por parte del personero distrital de Santa Marta, quien ha intentado gestionar acciones, sin resultados concretos. “No hay acciones claras, ni siquiera un consejo de seguridad urgente para tratar este tema se ha dado por parte del Gobierno distrital ni departamental”, manifestó.
La falta de garantías la llevó a tomar una decisión extrema. Ante el riesgo que considera inminente, optó por salir del territorio. “Esta situación ha generado que haya tomado la decisión de exiliarme de manera inmediata de mi ciudad, de mi departamento, sin reportar mi destino para poder salvaguardar mi vida”, afirmó.
UN ATENTADO LIGADO A SU LABOR POLÍTICA
Durante la entrevista, Jiménez fue consultada sobre las posibles causas del atentado. Aunque evitó señalar responsables directos, sí dejó claro que no se trata de un hecho aislado ni de una situación personal.
Al explicar el contexto de las amenazas, insistió en que no existen motivos en su vida privada que puedan estar relacionados con el ataque. “No tengo ningún tipo de deudas, no tengo ningún tipo de negocio pendiente con nadie a nivel personal, no tengo cuentas pendientes con nadie. Lo que sí tengo claro es que se trata de un asunto político, que se deriva del ejercicio de mis funciones”, afirmó.
La diputada vinculó directamente lo ocurrido con su trabajo en la Asamblea del Magdalena, donde ha ejercido control político sobre temas sensibles. En ese sentido, recordó que ha liderado debates sobre seguridad y corrupción en el departamento.
“Lo que hemos hecho en la Asamblea es de conocimiento público, hemos actuado de manera independiente, con autonomía, en búsqueda de ejercer control político. Hemos hecho debates bastante fuertes y continuos acerca de la situación de seguridad y también sobre temas de corrupción que otros han decidido ignorar”, expresó.
En su análisis, estas acciones han generado incomodidad en distintos sectores. “En el departamento del Magdalena somos muy pocos los que nos atrevemos a hablar de lo que otros prefieren ignorar”, indicó.
UN HISTORIAL DE AMENAZAS SIN RESPUESTA
El atentado del 31 de marzo, según la diputada, no es un hecho aislado, sino parte de un contexto de amenazas sistemáticas que ha enfrentado durante varios años.
Al referirse a este historial, reveló que desde 2021 ha presentado múltiples denuncias ante las autoridades sin que hasta el momento existan resultados. “Tengo más de 12 denuncias desde el año 2021 y no hay resultados a la fecha. Hemos aportado mensajes, números telefónicos, placas de vehículos y no pasa nada”, denunció.
Incluso, aseguró que este es el segundo atentado del que ha sido víctima. “He pasado no solamente por un atentado, este es el segundo atentado. Hace dos o tres años recibí el primero y hasta este momento no existen imputaciones ni resultados, absolutamente nada”, indicó.
A estos hechos se suman otros episodios de intimidación que, según relató, evidencian la persistencia de las amenazas. “He pasado porque me han dejado una corona fúnebre en la puerta de mi casa, porque han hecho seguimientos, porque incluso han lanzado elementos a mi vehículo. Es una situación reiterada”, expresó.
Frente a versiones iniciales que podrían sugerir que el atentado obedecía a un intento de hurto, la diputada fue enfática en descartarlo. “Es claro que no se trata de un robo ni de un hecho aislado, es evidente que existe la intención de alguien de acabar con mi vida”, sostuvo.
SEÑALAMIENTOS, PRESIÓN POLÍTICA Y MENSAJES DE ODIO
Durante la conversación, Jiménez también hizo referencia al contexto político en el que se han desarrollado las amenazas. Recordó que, en medio de su labor de control político, ha sido objeto de señalamientos y campañas de desprestigio.
“Durante varios meses fui expuesta frente a narrativas destructivas que generaban mensajes como que era enemiga del desarrollo del Magdalena. No fui la única, fuimos varios diputados que ejercimos control político”, señaló.
Aunque evitó hacer acusaciones directas, sí planteó una reflexión sobre el impacto de ese tipo de discursos. “No podemos seguir alimentando el odio. Quienes ejercen liderazgo deben ser responsables con los señalamientos y las acusaciones, porque eso puede generar consecuencias”, expresó.
Pese a las amenazas y a las presiones, dejó claro que no renunciará a su labor. “Han habido solicitudes incluso de que renuncie, pero no estoy dispuesta a traicionar lo que me mueve. Vamos a continuar con mayor fuerza denunciando lo que haya que denunciar”, afirmó.
EXILIO, FUNCIONES Y GARANTÍAS EN RIESGO
La situación de seguridad también ha impactado directamente el ejercicio de sus funciones como diputada. Actualmente participa de manera virtual en las sesiones de la Asamblea, una medida que ha sido posible debido a condiciones técnicas que han impedido la presencialidad.
Sin embargo, advirtió que este escenario podría cambiar en los próximos días, lo que generaría dificultades para continuar con su labor. “He estado participando en las sesiones a través de la virtualidad, pero a partir de la próxima semana tendría serias dificultades si se retoma la presencialidad”, explicó.
Ante este panorama, ha solicitado garantías para poder seguir ejerciendo su cargo. “He solicitado públicamente y por escrito que se me garanticen mis derechos políticos y laborales mientras el Estado hace lo correspondiente para que pueda regresar de manera segura”, indicó.
Al cierre de la entrevista, la diputada resumió su situación con una afirmación contundente que refleja la gravedad de su denuncia. Al ser consultada sobre si su salida del territorio obedece a la falta de acción institucional, respondió sin titubeos: “Es totalmente correcto decir que estoy en el exilio por la indiferencia del Estado. Hasta este momento no ha ocurrido absolutamente nada que permita resguardar mi vida y la de mi familia”, afirmó.
En esa misma línea, cuestionó la respuesta de las entidades encargadas de su protección. “Lo único que han hecho es activar una ruta, lo mismo que hacen con cualquier ciudadano. Imagínate si eso pasa conmigo, no me imagino lo que puede pasar con cualquier líder social”, expresó.
Finalmente, insistió en que su decisión de salir del departamento responde a la necesidad de proteger su vida ante la falta de garantías. “Hemos decidido salir de la ciudad para poder protegernos, ya que el Estado ha omitido las acciones correspondientes luego de este atentado”, concluyó.
