La Contraloría General de la República declaró que el Estado colombiano perdió $12.918 millones de pesos en la construcción del centro «Sacúdete Crea» de Girardot, Cundinamarca, un edificio que fue concebido en 2019 durante el gobierno de Iván Duque para enseñarles a los jóvenes del Alto Magdalena tecnología, cultura y artes digitales, pero que hoy permanece cerrado, abandonado y con daños visibles en sus paredes y estructura.
El proyecto nació como una apuesta del gobierno Duque para reducir las diferencias sociales y económicas en regiones apartadas del país. La idea era construir y dotar un centro donde jóvenes de Girardot y los municipios vecinos pudieran aprender habilidades digitales y creativas para mejorar su futuro laboral.
Para eso, el Ministerio del Interior y la Alcaldía de Girardot firmaron en 2020 un convenio y destinaron $17.359 millones de dinero público al proyecto.
La Contraloría encontró que, de ese total, ya se pagaron $12.918 millones a las empresas encargadas de construir el edificio y de vigilar que la obra se hiciera bien. El problema: el centro nunca ha prestado un solo servicio a la ciudadanía.
El organismo de control calificó ese dinero como daño al patrimonio público, es decir, plata del Estado que se gastó sin que los colombianos recibieran nada a cambio.
El plazo original para entregar el centro venció el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, el contrato acumuló ocho modificaciones y cinco prórrogas, y la fecha de entrega se fue aplazando hasta junio de 2025. En ese camino, el presupuesto creció $5.171 millones más, con el argumento de que los materiales de construcción se habían encarecido.
El hallazgo de la Contraloría revela una situación particular: la construcción del edificio como tal avanzó un 92,40%, es decir, las paredes, el techo y la estructura están casi terminados. Pero los equipos y el mobiliario que se necesitan para que el centro funcione —computadores, herramientas, mesas, sillas— apenas se instalaron en un 6,63% de lo que estaba planeado. En otras palabras: hay un edificio, pero adentro no hay casi nada.
Y como lleva años sin usarse ni recibir mantenimiento, el edificio ya empieza a dañarse. La Contraloría detectó fisuras en las paredes, pintura desprendida y partes de la estructura expuestas al deterioro.
El organismo de control señaló que el Ministerio del Interior no detectó a tiempo los retrasos ni tomó medidas para corregirlos y asegurar que el proyecto se terminara.
También apuntó a las empresas encargadas de vigilar que la obra se hiciera bien —lo que se conoce como interventoría—. Esa labor estuvo primero a cargo del Consorcio SDT Girardot y luego de la Unión Temporal INTERSAC 2023. El contrato de vigilancia pasó de costar $708 millones a terminar en $2.087 millones, casi el triple, y aun así el proyecto no se completó.
La Contraloría estableció que el hallazgo tiene dos tipos de consecuencias: una fiscal —por el daño al dinero público— y una disciplinaria —es decir, los responsables podrían enfrentar sanciones por su actuación como servidores del Estado—.
La Alcaldía de Girardot deberá presentar un plan concreto de acciones para responder por el daño que el ente de control le encontró al manejo de esos recursos.
/Colprensa
