Entre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada, en este caso de Taganga, avanzan los diálogos sobre la conservación de los sitios sagrados que hacen parte del marco de referencia de la Línea Negra.
Este avance marca un hito histórico unido por la defensa y protección de los sitios sagrados a través del Decreto de la Línea Negra, reafirmando la necesidad de una protección efectiva del territorio sagrado y el respeto por las estructuras propias de los pueblos que lo custodian.
En Mulkuaba, Playa Rosita en el corregimiento de Taganga, con acuerdos protocolizados con esa población, avanza la protección de la Línea Negra, mediante reuniones con la participación de las comunidades indígenas con asientos en la Sierra nevada de Santa Marta.
Allí, Ariel Daniels de Andreis Cabildo Gobernador del Pueblo Indígena de Taganga, autoridades y equipos técnicos del pueblo, junto a delegados del pueblo Arhuaco, a través de la Confederación Indígena Tayrona y representantes de los pueblos Kogui, Wiwa y Kankuamo, desarrollaron un diálogo intercultural en el marco de la ruta de la consulta previa del nuevo Decreto de protección y cuido de la Línea Negra.
“En este espacio, y en articulación con el Gobierno Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, se logró la protocolización de acuerdos con el pueblo Taganga para la protección de los 348 sitios sagrados mediante el Decreto de la Línea Negra”, expresa la información colgada en el portal web de la Confederación Indígena Tayrona.
Sostienen que estos acuerdos reafirman el compromiso cultural de protección integral del sistema de espacios sagrados, reconociendo la unidad y conectividad entre ríos, bosques, animales y los saberes ancestrales que sostienen el equilibrio del mundo.
Igualmente manifiestan que, las entidades del Estado asumieron compromisos para garantizar los derechos del pueblo Taganga y de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, en una responsabilidad compartida por la defensa del corazón del mundo.
“Este avance marca un hito histórico unido por la defensa y protección de los sitios sagrados a través del Decreto de la Línea Negra, reafirmando la necesidad de una protección efectiva del territorio sagrado y el respeto por las estructuras propias de los pueblos que lo custodian”, precisan.
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO
A raíz de estas reuniones y para el cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el jefe de Estado a estas comunidades, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió la Resolución 0280 de 2026, mediante la cual declara una reserva temporal de recursos naturales renovables en la Sierra Nevada de Santa Marta, una decisión estratégica que protege aproximadamente 942.005 hectáreas fundamentales para la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad y la pervivencia cultural de los pueblos indígenas de la región.
La medida representa un hito en la gestión ambiental del gobierno del presidente Gustavo Petro, al establecer acciones concretas para salvaguardar uno de los ecosistemas más biodiversos del país, clave para la seguridad hídrica del Caribe colombiano y el bienestar de las comunidades asentadas en Magdalena, Cesar y La Guajira.
Reconocida como el macizo litoral más alto del mundo, la Sierra Nevada cumple funciones esenciales como la provisión de servicios ecosistémicos, la conectividad entre ecosistemas y la regulación climática regional. Con esta declaratoria, el Ministerio de Ambiente, bajo el liderazgo de la ministra (e) Irene Vélez Torres, responde a la necesidad urgente de proteger el territorio frente a presiones ambientales identificadas, entre ellas las actividades extractivas.
“Hemos dado un paso histórico en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta, como resultado del compromiso del presidente Gustavo Petro con la vida, los territorios y la dignidad de las comunidades”, aseguró la ministra (e) Irene Vélez Torres. Además, reiteró que la reserva temporal tiene carácter preventivo y se fundamenta en el principio de precaución, por lo tanto, no se podrán otorgar nuevas concesiones mineras ni se podrán firmar nuevos contratos de hidrocarburos en el área protegida, y que los proyectos vigentes podrán continuar hasta su terminación, sin que puedan ser prorrogados.
Con la declaratoria, la Agencia Nacional de Minería no podrá otorgar nuevas concesiones, suscribir contratos ni habilitar nuevas áreas para actividades de exploración o explotación minera dentro del área definida. De igual forma, durante la vigencia de la medida, las autoridades ambientales no podrán expedir permisos o licencias para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.
