Aunque los homicidios bajan en Santa Marta, la falta de cámaras activas y fallas en la línea 123 mantiene a la ciudadanía en alerta constante.
El debate de control político sobre seguridad en el Concejo de Santa Marta no solo expuso cifras. También dejó al descubierto una tensión que hoy define la realidad de la ciudad: los delitos de alto impacto bajan en los reportes oficiales, pero la sensación de inseguridad sigue instalada en las calles.
La citación, promovida por el concejal Enrique González, puso frente al recinto una preocupación creciente: hurtos, homicidios y nuevas dinámicas criminales como el uso de vehículos con placas adulteradas. A la sesión estaban convocados el comandante de la Policía Metropolitana y el secretario de Seguridad del Distrito, pero ninguno asistió directamente. La institución policial fue representada por el teniente coronel David Fernando Vargas Castro, delegado del comandante Jaime Hernán Ríos Puerto.
Desde su intervención, el oficial intentó trazar una línea clara: la Policía está actuando, pero lo hace en un escenario complejo, donde el delito muta y la percepción ciudadana no siempre refleja los resultados estadísticos.
“La Policía Nacional realiza una evaluación constante de los planes, estrategias y acciones priorizadas, con base en el análisis de la situación de Santa Marta, para intervenir los delitos de mayor impacto y ajustar la operatividad a las dinámicas criminales que se presentan en la ciudad”, dijo Vargas.
LAS CIFRAS: UNA CIUDAD QUE MEJORA EN EL PAPEL
El balance presentado parte de un comparativo anual entre 2024 y 2025 que, en términos generales, favorece a la institucionalidad: de nueve delitos priorizados, siete muestran reducción.
El dato más sensible, el homicidio, pasó de 327 casos en 2024 a 288 en 2025, una disminución de 39 hechos, equivalente al 12 %. A esto se suman caídas significativas en otras conductas:
– Hurto a personas: de 4.598 a 3.232 casos (-30 %)
– Hurto a comercio: de 540 a 231 (-57 %)
– Hurto a motocicletas: de 404 a 243 (-40 %)
– Hurto a residencias: de 288 a 255 (-12 %)
– Extorsión: de 211 a 176 (-17 %)
– Delitos sexuales: de 365 a 312 (-15 %)
Sin embargo, la cifra que rompe la tendencia es la de lesiones personales, que pasó de 861 a 865 casos, un incremento del 1,5 %, que para la Policía está ligado principalmente a riñas y conflictos cotidianos.
“Las lesiones personales presentan un leve incremento asociado a riñas. Por eso hemos fortalecido procesos de conciliación y mediación, buscando intervenir antes de que estos hechos escalen y se consoliden como delitos”, explicó Vargas.
EL MAPA DEL DELITO
El análisis presentado por la Policía deja ver que la criminalidad no está dispersa, sino concentrada. La estación del centro de Santa Marta agrupa el 49 % de los delitos de alto impacto, mientras que la de Rodrigo de Bastidas concentra el 28 %.
En cuanto a la forma en que se cometen los delitos, el 64 % ocurre sin uso de armas, lo que refuerza la hipótesis de conflictos espontáneos. Sin embargo, el 22 % involucra armas de fuego, un factor determinante en homicidios ligados al sicariato.
“Estamos desarrollando acciones de control y prevención en horarios y lugares focalizados, desplegando todas nuestras capacidades institucionales, desde patrullajes hasta unidades especializadas, para impactar directamente las estructuras que generan criminalidad”, aseguró Vargas.
INTERVENCIÓN DIRECTA
La respuesta institucional se sostiene en una combinación de operativos visibles y acciones de inteligencia. El llamado “Plan Cazador” busca reducir homicidios mediante la incautación de armas de fuego, mientras que las intervenciones focalizadas se apoyan en mapas de calor del delito.
En la práctica, esto se traduce en caravanas de seguridad, puestos de control, patrullajes en puntos críticos y despliegue de unidades como el GAULA, la Sijín, inteligencia y el grupo GOES.
Zonas como El Rodadero, Gaira, La Paz, María Eugenia, El Pando, Pastrana y San Pablo han sido intervenidas de manera constante, en un intento por recuperar el control territorial y contener la expansión de rentas criminales.
“Si no vemos personas legalizadas y capturadas, no van a entender que este tipo de conductas no se puede hacer en la ciudad. Los operativos deben ser preventivos, no solo reactivos. Necesitamos que el 123 funcione, que la comunidad se sienta respaldada y que se actúe sobre motos con placas adulteradas y otros factores de riesgo” dijo el concejal Enrique Gonzales, proponente de la citación.
RESULTADOS OPERATIVOS:
El balance operativo refuerza el discurso institucional. En lo corrido del año, la Policía reporta:
-323 capturas por distintos delitos
-17 armas de fuego incautadas
-Más de 36.340 kilos de marihuana decomisados
-1.172 kilos de cocaína incautados
A esto se suma la reducción de 37 casos de homicidio y disminuciones importantes en hurto a personas y motocicletas, lo que, según Vargas, evidencia un impacto directo de las estrategias desplegadas.
“Nuestro objetivo es garantizar presencia permanente, recuperar el control territorial y generar confianza en la ciudadanía”, afirmó el oficial, “pero esto requiere trabajo articulado con todas las instituciones y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del sistema de seguridad”.
PREVENCIÓN: LA OTRA CARA DE LA SEGURIDAD
Más allá de la acción policial, el informe enfatiza en la prevención como eje estructural. La Policía ha desarrollado 12 sesiones comunitarias con la participación de 7.519 ciudadanos, además de programas como “Jóvenes a lo Bien”, que han vinculado a 179 adolescentes en riesgo.
En el ámbito educativo, las cifras son aún más amplias: 41.220 estudiantes capacitados en 59 instituciones durante 2025, junto con intervenciones comunitarias y empresariales para reducir factores de riesgo asociados al delito.
El modelo incluye además 49 “zonas seguras” en Santa Marta, donde la comunidad, la Policía y líderes sociales trabajan de manera articulada. Sin embargo, incluso en estos espacios se evidencian limitaciones: solo 20 cuentan con alarmas tipo sirena, 17 operan con mecanismos artesanales como pitos y silbatos, y al menos 12 presentan fallas o están inactivos.
´Es un llamado a la Policía y a la administración: necesitamos que Santa Marta cuente con una buena red de videovigilancia para que los delincuentes sientan temor. No podemos seguir pidiendo cámaras que no funcionan mientras otras ciudades avanzan en drones y tecnología de reconocimiento” agregó el Concejal Osvaldo Socarras.
SIN CÁMARAS Y CON UN 123 DEBILITADO
Si hay un punto donde el discurso institucional pierde fuerza, es en la infraestructura tecnológica. El propio Vargas lo reconoció sin rodeos.
“No contamos con cámaras activas ni con un sistema 123 en condiciones óptimas, lo que limita la capacidad de reacción inmediata. Esto afecta directamente la posibilidad de hacer seguimiento en tiempo real y ejecutar planes de cierre como el plan candado” dijo.
En términos prácticos, esto significa que muchos delitos se atienden sin herramientas tecnológicas de apoyo, lo que reduce la capacidad de respuesta y judicialización.
UNA SEGURIDAD QUE NO LOGRA SENTIRSE
El balance presentado por la Policía Metropolitana deja una conclusión que va más allá de los números: Santa Marta muestra avances en la reducción del delito, pero enfrenta un problema estructural en la percepción ciudadana y en su capacidad tecnológica.
Las cifras respaldan a la institución, pero la ausencia de cámaras, las fallas en el sistema de emergencias y la persistencia de ciertos delitos en zonas críticas mantienen viva la sensación de inseguridad.
“Es indispensable que se fortalezcan las capacidades tecnológicas y la articulación con la comunidad, porque sin ello, cualquier esfuerzo preventivo pierde eficacia”, concluyó Vargas, mientras los concejales insistían en la necesidad de mayor acción preventiva y modernización de los recursos.
