El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez, confirmó que las autoridades evalúan la solicitud hecha por la defensa de la congresista Karen Manrique, para trasladar de la cárcel El Buen Pastor a una guarnición militar en el batallón de Malambo (Atlántico).
Esa posibilidad se planteó debido a presuntos riesgos de seguridad derivados de su vinculación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El alto oficial explicó que el posible cambio de sitio de reclusión responde a las peticiones interpuestas por los abogados de la representante a la Cámara, quienes buscan garantizar su integridad física ante eventuales peligros dentro del sistema penitenciario ordinario.
Gutiérrez señaló que «la defensa aduce siempre condiciones de seguridad que puedan generar algún tipo de riesgo en una cárcel que pertenezca al Inpec», justificando así la búsqueda de un espacio en centros de reclusión especial mediante solicitudes formales a las fuerzas militares o a la Policía.
Aunque la dirigente araucana permanece recluida en el pabellón 9 de la cárcel femenina de la capital del país, tras la medida dictada por la Corte Suprema de Justicia, el director de la entidad indicó que en la actualidad desarrollan «un trámite de articulación con la Defensa y con la fuerza militar para establecer a dónde va a estar».
En este sentido, el teniente coronel aclaró que la decisión final escapa a la jurisdicción exclusiva de su institución, pues «el Inpec no puede definir una guarnición militar o una estación de policía, sino que depende del cupo que puedan otorgar las fuerzas militares o la Policía Nacional».
Esta solicitud de traslado a tierras atlanticenses se produjo apenas horas después de que el instituto penitenciario concretó la reclusión de Manrique y del senador conservador Wadith Manzur, quienes abandonaron el búnker de la Fiscalía bajo un robusto dispositivo de seguridad.
Previamente, el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Misael Rodríguez, ordenó acelerar los trámites administrativos para ubicar a los congresistas, procesados por presuntamente negociar sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de millonarios contratos.
La corporación concluyó, tras recaudar amplio material probatorio, que los legisladores supuestamente empeñaron su función a través de encuentros clandestinos donde pactaron el impulso de proyectos en Córdoba, Arauca y Bolívar.
Este entramado de corrupción y cohecho impropio le costó al erario cerca de $92.000 millones, originados en los sobrecostos de los carrotanques para La Guajira, y mantiene privados de la libertad a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
Sobre los señalamientos, el abogado de la representante, Andrés Garzón, explicó que las gestiones de su defendida respondieron a un paro cívico y aseguró que la política no aceptará los cargos.
Pese a la gravedad del expediente penal y a su captura en el municipio de Tame, Manrique retuvo su escaño en la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca con 5.640 votos durante los comicios legislativos recientes, una curul que quedó sujeta a las determinaciones institucionales de reemplazo que deba adoptar el Congreso de la República tras la confirmación de su encierro.
/Colprensa.
