Leopoldo Eduardo Montes Dávila, fiscal 19 seccional antinarcóticos, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro penitenciario por su presunta participación en los hechos investigados.
La decisión fue adoptada tras la valoración del material probatorio presentado por funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario contra el fiscal 19 seccional antinarcóticos, Leopoldo Eduardo Montes Dávila, y los patrulleros de la Sijín de la Policía Metropolitana de Santa Marta, Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, señalados de su presunta participación en la aprehensión irregular de una mercancía importada y la posterior exigencia de dinero para su devolución.
La decisión fue adoptada por el togado tras valorar el material probatorio presentado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional, quienes aportaron elementos que vincularían a los funcionarios con los hechos investigados.
LAS PRUEBAS
Según los elementos materiales probatorios, los funcionarios habrían aprovechado sus cargos para inmovilizar un tractocamión que se desplazaba desde la zona portuaria con destino a la ciudad de Medellín, Antioquia, el cual transportaba 15 motores importados. El vehículo fue interceptado el 24 de enero en jurisdicción de Bosconia, Cesar, y posteriormente trasladado a un parqueadero.
De acuerdo con la investigación, al día siguiente el fiscal Montes Dávila habría expedido un oficio ordenando poner a disposición de su despacho tanto el automotor como la carga, argumentando presuntos hechos relacionados con narcotráfico y contrabando. A partir de ese momento, el propietario de la mercancía habría sostenido reuniones con los hoy procesados.
En medio de esos encuentros, presuntamente se habría solicitado inicialmente una suma cercana a los 300 millones de pesos a cambio de la devolución de los motores, cifra que posteriormente habría sido reducida a 100 millones de pesos, según lo establecido en el curso de la investigación.
Asimismo, las autoridades judiciales señalaron que el fiscal habría asumido un caso que no era de su competencia y, con el propósito de dar apariencia de legalidad a su actuación, habría incorporado las diligencias dentro de un proceso que ya se encontraba abierto por hechos distintos.
En este contexto, una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres señalados el delito de concusión. Adicionalmente, al funcionario judicial se le formuló el cargo de prevaricato por omisión agravado. Las investigaciones continúan para establecer la totalidad de las responsabilidades y verificar el alcance de la presunta conducta de los implicados dentro de este caso.
