Colombia registró un máximo histórico de 923.397 acciones de tutela, según datos de la Corte Constitucional. La mayoría de estas demandas fueron presentadas por problemas relacionados con el sistema de salud, lo que confirma que este sigue siendo el principal motivo por el que los ciudadanos acuden a la justicia. El alto número de tutelas provocó un fuerte represamiento de casos en los juzgados de todo el país, que diariamente tuvieron que enviar miles de expedientes a la Corte para que el alto tribunal decida cuáles deben ser revisados.
El alto tribunal confirmó que el volumen de demandas de 2025 representó «la mayor cifra de radicación hasta ahora» en la historia del país desde la consolidación estadística en 1992, marcando un incremento frente a los 912.614 documentos del 2024. Ante este escenario, la base de datos de la Corte detalló que, durante el 2026, «los despachos del país están remitiendo a la Corte Constitucional un promedio de 5.422 expedientes diarios».
A nivel general, el análisis demográfico indicó que en 2025 se reportaron a nivel nacional «17,4 tutelas por cada 1.000 habitantes». Las regiones con mayor litigiosidad per cápita fueron San Andrés Islas con 31,12 tutelas por cada mil ciudadanos, Caldas con 27,86, Risaralda con 27,01, Norte de Santander con 24,92 y Bogotá con 24,09. En el extremo opuesto, el tribunal identificó a los departamentos con menor impacto, entre ellos Vichada con una tasa de 2,55, Guainía con 5,83, Vaupés con 5,87, La Guajira con 6,11 y Chocó con 6,40.
El reporte estadístico concluyó que la sanidad pública y privada fue el principal detonante de las acciones legales y precisó que «en 2025, de cada 100 expedientes de tutela radicados en la Corte Constitucional, 34 correspondieron a demandas por el derecho a la salud».
La corporación documentó que las peticiones por este derecho fundamental pasaron de 265.173 en 2024 a 312.567 en 2025, lo que representó un incremento del 17,9 %, equivalente a 47.394 procesos adicionales. En términos de intensidad geográfica para este renglón específico, el informe señaló que Amazonas lideró la medición con 72 tutelas en salud por cada 100 expedientes, seguido por Arauca con 66, San Andrés Islas con 63, Caldas con 59, al igual que Risaralda y Vaupés con 54. En contraste, Bogotá registró la menor tasa con 19, seguida por Atlántico con 20, La Guajira con 22, Sucre con 24, y Magdalena y Bolívar, ambas con 26.
Otros derechos vulnerados
Además de la salud, la jurisdicción constitucional explicó que otros derechos registraron alzas drásticas en sus reclamaciones entre 2024 y 2025. El Habeas Data aumentó un 31,6 %, pasando de 23.054 a 30.344 tutelas, mientras que el acceso a la administración de justicia creció un 23,1 %, escalando de 27.568 a 33.932 casos.
El balance oficial también reveló variaciones porcentuales considerables en quejas por la libertad de información, con un 36,5 % de incremento; el derecho a la intimidad, con un 31,6 %; la propiedad privada, con un 27,3 %; el buen nombre, con un 20,9 %; y el reconocimiento de personas en condición de desplazamiento, con un 20,7 %. Otros derechos demandados incluyeron los derechos de los niños (14,3 %), el ambiente sano (10,4 %), el acceso a cargos públicos (4,1 %) y la familia (0,7 %).
Las entidades en el banquillo
En cuanto a las organizaciones que agruparon las denuncias de los colombianos, el reporte de la Corte enfatizó que «Nueva EPS y las secretarías de movilidad concentran más del 20 % de las tutelas radicadas en la Corte Constitucional en 2025». El listado oficial ubicó en la primera posición a la Nueva EPS, con el 12,6 % del total de procesos, seguida por las Secretarías de Movilidad, Tránsito y Transporte, con el 10,1 %.
La estadística de los trece actores más demandados se completó con los Juzgados (4,8 %), Sanitas EPS (3,0 %), Sura EPS (2,8 %), la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV (2,7 %), Salud Total EPS (2,6 %), Colpensiones (2,3 %), Savia Salud EPS (1,8 %), Famisanar EPS (1,8 %), los Bancos (1,8 %), Fomag-Fiduprevisora (1,7 %) y la Policía Nacional (1,7 %).
La corporación judicial puntualizó que la depuración de los datos se realizó «mediante una metodología de estandarización que utiliza técnicas de inteligencia artificial», un proceso con el que alcanzaron un nivel de limpieza y exactitud del 91 % para los expedientes del último trienio.
/Colprensa.
