El bloque caribe figuró como «una de las estructuras que más secuestros con fines económicos cometió», concentrando su accionar criminal en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla, con especial impacto en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana.
El Tribunal de Paz los convocó, tras determinar que esta estructura ejecutó plagios sistemáticos para financiar su organización, promover intercambios y buscar control territorial.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llamó a cinco antiguos comandantes del extinto Bloque Caribe de las Farc a reconocer en público su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados durante secuestros en la costa Atlántica.
El Tribunal de Paz los convocó a una Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad los días 21 y 24 de abril, tras determinar mediante una minuciosa contrastación judicial que esta estructura ejecutó plagios sistemáticos para financiar su organización, promover intercambios y buscar control territorial.
La Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó en su investigación que el Bloque Caribe figuró como «una de las estructuras que más secuestros con fines económicos cometió», concentrando su accionar criminal en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla, con especial impacto en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana.
La magistratura detalló que los insurgentes privaron de la libertad a sus víctimas principalmente «en retenes ilegales o las llamadas ‘pescas milagrosas’», exigiendo rescates de entre uno y cinco millones de pesos que significaban sumas difíciles de conseguir para las familias afectadas.
El tribunal determinó que la estructura subversiva «actuó conforme a las políticas ordenadas por el Secretariado», siendo responsable del «15% de los casos cometidos por la antigua guerrilla en todo el país». En este contexto, la investigación documentó una severa persecución contra el sector ganadero, gremio que «fue estigmatizado, pues en muchas ocasiones la antigua guerrilla los señaló como ‘aliados del paramilitarismo’».
Como consecuencia de esta categorización, muchos civiles sufrieron no solo el cautiverio, sino que resultaron «víctimas no solo de secuestros, sino también de asesinatos, desapariciones forzadas y otros crímenes».
La JEP les imputó a los comparecientes el «crimen de guerra de toma de rehenes», sumado al «crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad» y atrocidades adicionales cometidas durante los cautiverios como tortura, violencia sexual, tratos crueles, homicidio y desplazamiento forzado.
El Tribunal recogió crudos testimonios sobre los malos tratos, revelando casos como el de un sobreviviente de la fuerza pública que relató cómo «lo golpearon con la trompetilla de los fusiles, lo que le ocasionó múltiples fracturas y pérdida de la visión».
La estructura insurgente también ejecutó privaciones de la libertad con propósitos políticos o de intercambio, siendo «responsable del secuestro y asesinato de la exministra de cultura ‘La Cacica’ Consuelo Araujo» en el año 2001, quien murió a manos de la guerrilla cuando el Ejército intentó rescatarla.
Asimismo, perpetró el plagio en el año 2000 de Fernando Araujo Perdomo, «quien permaneció durante seis años en cautiverio». La Sala subrayó que estas acciones buscaban establecer condiciones para dominar el territorio y las vías estratégicas de la región, afectando a quienes consideraban enemigos.
LOS IMPUTADOS Y EL FUTURO JUDICIAL
Los ex jefes guerrilleros convocados a la diligencia son Abelardo Caicedo, conocido como ‘Solís Almeida’; Osmany Landero, alias ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, alias ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras, alias ‘Leonardo Guerra’; y Uriel Oviedo, alias ‘Manuel Ortiz’. De este grupo, solamente Uriel Oviedo enfrentó previamente a la justicia ordinaria por estos delitos.
La Sala indicó que «los cinco comparecientes ya aceptaron su responsabilidad por escrito», asumiendo que «tenían mando para ejecutar los planes del Secretariado» y disciplinar a sus subalternos.
El Caso 01 de la JEP, centrado en las políticas de secuestro de las Farc, cuenta actualmente con «4.439 víctimas acreditadas». De este universo, 827 identifican al Bloque Caribe como su victimario, dividiéndose en «432 son víctimas directas, 364 son familiares y allegados, y 19 son familiares de personas asesinadas o desaparecidas».
La magistratura explicó que, previo a la audiencia pública, las víctimas y los imputados participarán en «encuentros dialógicos previos» con acompañamiento psicológico.
Finalmente, la jurisdicción advirtió sobre las consecuencias del proceso: si los procesados entregan verdad exhaustiva, recibirán Sanciones Propias mediante una Resolución de Conclusiones enviada al Tribunal para la Paz; pero si incumplen y no reconocen su responsabilidad, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) definirá si inician un juicio adversarial donde «podrían recibir sanciones de hasta 20 años de cárcel».
El Tribunal aclaró de forma contundente que, por su extrema gravedad, las atrocidades juzgadas «no pueden recibir amnistía o perdón judicial»./Colprensa
