La Procuraduría profirió la directiva 005 de 2026 para exigir al Ministerio de Educación y a los colegios del país la eliminación progresiva de las aulas pedagógicas especiales al considerarlas espacios permanentes de segregación.
Ordenando así una transición inmediata hacia un modelo de educación verdaderamente inclusivo que garantice los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad mediante ajustes razonables, cambios curriculares y eliminación de barreras físicas, cuyos avances y planes de ejecución deberán ser reportados obligatoriamente antes del 28 de agosto del presente año.
El ente de control señaló que el actual modelo educativo debe reformarse de raíz para proteger a esta población vulnerable, por lo que la nueva instrucción institucional orienta el desmantelamiento de los recintos separados al catalogarlos literalmente como «espacios permanentes de segregación».
En este sentido, el Ministerio Público explicó que dicha transformación no puede ser improvisada y debe promover una transición gradual, organizada y con acompañamiento técnico que asegure el proceso formativo y, al mismo tiempo, «salvaguarde el interés superior de los estudiantes con discapacidad».
Para materializar este mandato, la Procuraduría ordenó la adopción de medidas estructurales urgentes, advirtiendo en su documento oficial que la «inclusión debe ser real y efectiva» en todas las instituciones oficiales y privadas del territorio nacional, sin discriminación.
La directiva detalló que esto obliga a la implementación de ajustes en los ámbitos pedagógico, curricular y evaluativo, además de garantizar la correcta aplicación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR), la provisión de «tecnologías de asistencia» y la asignación de profesionales especializados.
ULTIMÁTUM A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS
La evaluación disciplinaria concluyó que el éxito de esta política pública depende indefectiblemente de la supresión de los obstáculos que sufren los menores en sus entornos de aprendizaje, exigiendo la eliminación de barreras físicas y comunicativas que limiten su desarrollo.
Frente a este panorama, el órgano de control exhortó al Ministerio de Educación Nacional a fortalecer su asistencia técnica para emitir lineamientos claros que guíen a las entidades territoriales, instando a las secretarías a formular «planes de transición con metas, cronogramas y recursos definidos».
Finalmente, el Ministerio Público fijó un plazo perentorio para medir el acatamiento de estas disposiciones, cuyo fin último es asegurar que los alumnos con requerimientos especiales logren la matrícula, la permanencia y la «participación activa» dentro de las aulas regulares.
La entidad ordenó que las autoridades competentes deberán entregar los reportes de avances de esta directiva a más tardar el 28 de agosto de 2026, fecha estipulada para iniciar el seguimiento preventivo correspondiente.
/Colprensa
