El jefe de estado, Gustavo Petro Urrego, acompañó partipo ayer de la Asamblea interétnica evento en el que se socializó el nuevo decreto que deberá garantizar la protección de los lugares sagrados, pero bajo un procedimiento ajustado a los estándares del Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia constitucional sobre participación efectiva.
El presidente Gustavo Petro llegó al atardecer de ayer y participó de una asamblea interétnica con autoridades de pueblos indígenas y comunidades negras y afrocolombianas de la Sierra Nevada, con el propósito de definir la hoja de ruta para la expedición de un nuevo decreto que regule la denominada ‘Línea Negra’.
La reunión se produce luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad del Decreto 1500 de 2018, al establecer que no se cumplió con el requisito de consulta previa frente a todas las comunidades étnicas asentadas en el área delimitada como Línea Negra.
La decisión judicial abrió la puerta a un nuevo proceso normativo que incorpore a los sectores que no participaron en la expedición de la norma anterior.
El decreto anulado había sido expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en desarrollo de órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-547 de 2010 y el Auto 189 de 2013, con el fin de reconocer y proteger el sistema de sitios sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
Sin embargo, el alto tribunal contencioso concluyó que también debieron ser consultadas otras comunidades que habitan o colindan con esos territorios.
El Gobierno nacional ha señalado que el nuevo decreto deberá garantizar la protección de los lugares sagrados, pero bajo un procedimiento ajustado a los estándares del Convenio 169 de la OIT y a la jurisprudencia constitucional sobre participación efectiva.
En ese marco, la administración ha insistido en que cualquier intervención normativa en territorios étnicos exige consulta previa, incluso si la medida no tiene como propósito afectar directamente a las comunidades.
En las semanas previas a la asamblea se adelantaron encuentros preparatorios con representantes de los pueblos Wayuú, Etenaca y Taganga, así como con cerca de 20 comunidades afrodescendientes que no fueron convocadas en 2018.
El diálogo de ayer consolidó consensos para definir el mecanismo que permitirá expedir una nueva regulación con respaldo amplio y seguridad jurídica.
Al encuentro asistieron los ministros del Interior, Armando Benedetti; de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio; de Minas y Energía, Edwin Palma; de Igualdad, Luis Alfredo Acosta; de Agricultura, Martha Carvajalino; de Ambiente, Irene Vélez; de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona; y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia.
También directivos de entidades como la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y Parques Nacionales Naturales, entre otros representantes del Gobierno nacional.
MOMENTO HISTÓRICO
Jaime Arias, líder kankuamo, indicó que es “un momento histórico para el país, gracias a la voluntad del señor Presidente y de los pueblos indígenas que hemos entregado un documento que permitirá restablecer la protección de la Línea Negra. Esto permitirá avanzará el territorio y en unos meses se dará el nuevo decreto que protege la Línea Negra”.
LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS
Previo a la jornada en la que estuvo presente el presidente Gustavo Petro, el cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, en cabeza de su gobernador Luis Salcedo Zalabata, junto a los mamos y autoridades tradicionales, firmaron una declaración conjunta.
A partir de la Ley de Origen y del mandato espiritual dejado por los padres creadores, los pueblos que habitan la Sierra Nevada han reiterado su responsabilidad colectiva de cuidar la vida en todas sus formas.
Esta unidad reafirma el compromiso de preservar el equilibrio que sostiene el agua, los vientos, los sitios sagrados y el orden ancestral del territorio.
En hermandad con los pueblos Taganga, Ette Ennaka, Wayuu, Kankuamo, Kogui y Wiwa, se ratifica:
“El respeto a la autonomía y a las formas propias de gobierno; la decisión de coordinar todas las acciones desde la unidad espiritual; la defensa conjunta de los sitios sagrados y del sistema territorial de la Línea Negra; el llamado al Estado colombiano para avanzar en instrumentos normativos que garanticen los derechos de los pueblos originarios”, indicaron las comunidades indígenas.
“La Sierra Nevada es un territorio vivo y sagrado, su protección es una responsabilidad compartida para garantizar la pervivencia de sus pueblos y el bienestar de toda la humanidad”, añadieron.
