La investigación que se sigue en contra de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Ortiz, por su presunta participación en actos de corrupción en la UNGRD, seguirá vigente. La juez octava especializada de Bogotá negó la preclusión que había presentado su defensa.
Para el abogado Mauricio Camacho Fernández, quien representa a la exfuncionaria, se han presentado modificaciones en la acusación y que los hechos mencionados “no ocurrieron” como los ha mencionado la Fiscalía.
La petición fue rechazada de inmediato por la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas acreditadas, quienes manifestaron que la solicitud carece de fundamento legal.
En su decisión, la juez octava especializada de Bogotá coincidió con parte de esos argumentos al concluir que lo dicho no es suficiente para decir, en este momento, que los hechos no se presentaron. Agregó que la defensa intentó hacer un estudio de las pruebas en una etapa que no corresponde.
«Dicha aseveración del despacho no obedece al capricho, sino a la esencia misma de la causal de preclusión invocada, pues la audiencia solicitada por la defensa no puede convertirse en una especie de juicio anticipado, en donde se entre a valorar todos los elementos dogmáticos, procesales y probatorios», dice la decisión.
Ante lo decidido, la defensa interpuso el recurso de apelación. Sandra Ortiz se pronunció al respecto y dijo que le han violado sus derechos. Mostró el escrito de acusación y dijo que la Fiscalía cambia de versión en cada audiencia y eso no está consignado en el escrito de acusación.
«Cómo quieren que yo me defienda. No es la primera vez que la Fiscalía dice mentiras y trata de engañar a mis jueces. Trayendo pruebas nuevas», dijo la exconsejera.
El recurso será estudiado por el Tribunal Superior de Bogotá.
Los elementos probatorios recopilados por el ente acusador apuntan a que, en octubre de 2023, Ortiz habría recibido la suma de 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, para luego entregarlos al entonces presidente del Congreso, Iván Leonidas Name Vásquez.
Según la Fiscalía, los dineros corresponderían al pago de coimas por contratos gestionados durante su período en la función pública.
/Colprensa
