El jefe del Ministerio Público Gregorio Eljach Pacheco presentó un documento de cuarenta páginas ante el despacho del magistrado Carlos Camargo, en el que concluyó que el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 no cumple con los presupuestos constitucionales para sostener un estado de excepción en la mayoría de sus frentes.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible el decreto con el que el presidente, Gustavo Petro, instauró su primera emergencia económica a finales de 2025 al considerar que las medidas adoptadas responden a fallas históricas de planeación y no a hechos imprevistos, aunque pidió de manera excepcional mantener vigentes las disposiciones que garantizan los recursos para la salud ante la grave crisis financiera que amenaza la atención de los pacientes.
El jefe del Ministerio Público presentó un documento de cuarenta páginas ante el despacho del magistrado Carlos Camargo, en el que concluyó que el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 no cumple con los presupuestos constitucionales para sostener un estado de excepción en la mayoría de sus frentes.
Eljach explicó que la declaratoria es inconstitucional para buscar recursos destinados al sector defensa, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el pago de sentencias judiciales, las obligaciones atrasadas y la atención de desastres naturales, ya que «no se trata de hechos sobrevinientes ni extraordinarios» que justifiquen saltarse los conductos regulares. Por el contrario, señaló que la actual situación es «producto de fallas en los procesos de planeación del Gobierno nacional y las entidades públicas involucradas».
EL SALVAVIDAS PARA LA SALUD
Pese a su postura crítica frente al manejo presupuestal del Ejecutivo, la Procuraduría ordenó priorizar la atención a los pacientes y pidió a la Corte declarar exequible de forma exclusiva la equiparación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), al advertir que es «urgente y necesario que el andamiaje estatal se oriente a cumplir con los fines del Estado» garantizando este derecho fundamental.
El ente de control precisó que, si bien la crisis sanitaria es un problema que data de varias décadas, el actual déficit de iliquidez agravó la situación, por lo que una eventual caída de estos fondos «impactaría negativamente en la problemática estructural». En 2025, la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) destinó 88,4 billones de pesos a la UPC, pero el nivel de siniestralidad de las EPS alcanzó el 109,5 por ciento, generando un déficit de 5,95 billones de pesos que el Estado espera cubrir parcialmente en 2026 con giros proyectados en 101 billones.
La posición de Eljach se alineó con los argumentos que previamente entregó la defensora del Pueblo, Íris Marín, quien también solicitó hundir la declaratoria de emergencia económica protegiendo únicamente la financiación sanitaria.
La Defensoría sostuvo en su momento que las motivaciones del Gobierno «no corresponden a hechos nuevos o imprevisibles», aunque pidió mantener vivos los impuestos a licores y a las apuestas en línea contemplados en el decreto para inyectarlos a la UPC y a la compra de medicamentos. Asimismo, la entidad planteó que la Corte otorgue un plazo razonable al Ejecutivo para tramitar una ley ordinaria que resuelva el agujero fiscal del sistema.
CHOQUE INSTITUCIONAL SIN PRECEDENTES
El concepto de la Procuraduría servirá como insumo definitivo para la Sala Plena de la Corte Constitucional, corporación que el pasado 29 de enero tomó la inédita decisión de suspender provisionalmente la emergencia económica, rompiendo una jurisprudencia de no intervención cautelar vigente desde 1994. El plenario aprobó la medida con seis votos a favor y dos en contra, al determinar que la caída de la reforma tributaria no era un evento inesperado.
La Casa de Nariño reaccionó ante este giro jurídico y radicó una solicitud de nulidad al considerar que frenar un decreto de excepción «carece de sustento normativo» y «compromete la coherencia del orden constitucional».
Mientras el magistrado Camargo radica su ponencia de fondo antes del 11 de marzo, con miras a un fallo definitivo estipulado para el 16 de abril, el presidente Petro ya decretó una segunda emergencia económica, esta vez justificada en la ola invernal que golpea al país, con la que el Ministerio de Hacienda espera recaudar ocho billones de pesos adicionales./Colprensa
