El Registrador Nacional, Hernán Penagos, defendió la sólidez del sistema electoral y afirmó que el fraude se concentra en la compra de votos y la financiación ilegal.
El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió la labor de la entidad a su cargo, esto en medio de los señalamientos de presuntos fraudes y dudas expresadas por el presidente, Gustavo Petro.
Desde la Comisión Nacional para la Coordinación y seguimiento del proceso electoral realizado este jueves en el Magdalena, Penagos rechazó estos señalamientos.
El Registrador señaló que no existe ningún tipo de dudas frente a la existencia de delitos de fraudes para estas elecciones de Presidencia y de Congreso, resaltando las labores de las distintas entidades electorales.
No obstante, advirtió que el fraude «no está en la Registraduría y estamos listos para explicar lo que quieran», sino en las calles, donde aún se presentan delitos de compra de votos, financiamiento ilegal y otros.
«El fraude electoral no está en la Registraduría, el fraude está en la compra y venta de votos, la financiación ilegal de campañas, está en el constreñimiento, la trashumancia y yo sí quisiera que también prestaran atención a eso», afirmó.
Penagos hizo un llamado a las diferentes entidades del país a realizar «la tarea conjunta» al insistir en que muchos de estos delitos que están en las calles no es función de la entidad atacar estos hechos contra la democracia.
El Registrador también anunció que el código fuente del software será congelado antes de la jornada y quedará bajo estricta custodia de los entes de control como la Procuraduría, cuya finalidad es garantizar que no tenga modificaciones.
Explicó que el sistema está siendo revisado por una auditoría internacional y que «El 8 de marzo los códigos deberán abrirse con las mismas claves técnicas que certifiquen que no hubo ninguna alteración. Se trata de un sistema integral de auditorías”, afirmó.
El registrador nacional, Hernán Penagos, participó de la sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento Electoral, presidida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un encuentro convocado para revisar alertas de riesgo, condiciones de seguridad y cuestionamientos técnicos sobre el software electoral.
El registrador pidió que el debate público no se concentre exclusivamente en el sistema tecnológico, sino también en los delitos electorales que históricamente han afectado la transparencia de las elecciones en Colombia.
ALERTAS Y CUESTIONAMIENTOS
La comisión se realizó en un escenario marcado por alertas de riesgo en 108 municipios del país, equivalentes a cerca del 13 % del territorio nacional, según reportes de la Policía. En el caso del Magdalena, los análisis se concentraron en zonas con presencia de estructuras armadas ilegales y posibles riesgos de constreñimiento al elector.
En paralelo, el debate nacional ha girado en torno a la transparencia del software electoral, el manejo del preconteo y las diferencias con el escrutinio oficial.
Desde el Gobierno, el presidente ha planteado inquietudes sobre la necesidad de mayores controles y auditorías. En esa línea, el ministro Benedetti formuló preguntas relacionadas con:
– El control del código fuente.
-Los protocolos ante eventuales fallas técnicas.
-La verificación entre datos transmitidos y formularios físicos E-14.
-La confidencialidad de las auditorías.
El registrador Penagos respondió que los códigos serán “congelados” antes de la elección, que se entregarán a los partidos para revisión, que las auditorías serán públicas y que el código fuente será remitido a la Procuraduría para vigilancia institucional.
También recordó que el preconteo es un resultado preliminar sin efectos jurídicos sobre el escrutinio, y que los ajustes al formulario E-14 buscan evitar inconsistencias como las registradas en 2022.
“EL FRAUDE ESTÁ EN LA CALLE”
Más allá del componente tecnológico, el registrador insistió en que el verdadero desafío está en los delitos que alteran la voluntad del elector.
“El fraude electoral está en la compra de votos, en la financiación ilegal, en el constreñimiento al elector, en la trashumancia y en muchos delitos que están en la calle de Colombia”, afirmó.
La declaración marca una línea clara frente a las suspicacias sobre manipulación informática y traslada el énfasis hacia prácticas históricas de corrupción electoral.
En ese sentido, hizo un llamado a la acción conjunta entre Gobierno, partidos, organismos de control y Fuerza Pública:“Hagamos una tarea conjunta para que la ciudadanía en Colombia tenga absoluta tranquilidad de que esas elecciones serán íntegras y transparentes”.
MENSAJE POLÍTICO E INSTITUCIONAL
La sesión en el Magdalena dejó dos mensajes centrales: por un lado, el Gobierno insiste en reforzar auditorías y controles técnicos; por el otro, la Registraduría defiende la solidez del sistema y pide concentrar esfuerzos en combatir delitos electorales tradicionales.
En un escenario de alta polarización política, la coincidencia entre ambas posturas se centra en un objetivo común: garantizar elecciones transparentes y preservar la confianza ciudadana en el proceso democrático.
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