Las empresas generadoras de energía del país manifestaron su preocupación ante el decreto anunciado por el Gobierno que establecería un impuesto adicional del 2% sobre las ventas de energía del país.
La medida aplicará a las empresas generadoras hidroeléctricas y termoeléctricas ubicadas en cuencas afectadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, donde el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Ante esto, Acolgen recordó que las empresas generadores ya realizan transferencias a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para inversión ambiental en las regiones, por lo que este nuevo impuesto generaría una mayor carga tributaria a dichas empresas.
“Esas transferencias se les transfieren a las CAR y son para temas ambientales en cada una de las regiones. Ese 2% adicional se le está entregando directamente al Ministerio del Medio Ambiente”, manifestó la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, a Blu Radio.
En esa misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, informó que según los análisis del gremio el estimado de transferencia por cuenta de este nuevo decreto sería de unos $70 mil millones por parte de las empresas de generación hidráulica y térmica.
Castañeda alertó que esta cifras, sumada a los recursos que también deberán entregar las empresas por cuenta del impuesto al patrimonio anunciado en el mismo paquete de decretos de la emergencia ambiental, se presentan como un obstáculo para la inversión de las empresas, lo que puede verse reflejado al final del día en las tarifas de los usuarios.
“Se reconoce efectivamente que hay una emergencia, sin embargo, hay que mirar muy bien y la Corte Constitucional va a tener que analiza muy bien cual es la proporcionalidad de todos estos impuestos frente a la necesidad que se tiene de solucionarle los problemas a las personas afectadas por el frente frío”, indicó el presidente de Andeg.
“Estamos volviendo a cargar las mismas empresas que ya tienen unas cargas tributarias muy altas. Son mayores costos que pueden llegar a ser trasladados a los usuarios y pueden ser castigados con mayores efectos desde el punto de vista tarifario en el país”, añadió el líder gremial.
Mientras que la presidenta de Acolgen alertó que más allá del impacto tributario, el decreto también establece modificaciones de instrumentos de manejo ambiental, lo que podría afectar la operación de los embalses.
“No se está refiriendo puntualmente a la modificación de licencias, pero sí a la modificación de instrumentos de manejo ambiental. Esto quiere decir que de alguna manera pueden intervenir la operación de los embalses y esto es supremamente grave”, indicó Gutiérrez.
“Los embalses se regulan para atender los contratos de largo plazo y para que en los momentos de estrechez de energía hídrica podamos ahorrar agua, tener confiabilidad y dar las señales de prender las térmicas. Esto es un sistema supremamente sofisticado que se ha construido durante los últimos 30 años”, añadió.
Gutiérrez advirtió que una intervención sobre la operación de los embalses podría producir afectaciones a la seguridad energética del país, especialmente en los momentos de sequía.
/Colprensa
