La Procuraduría General de la Nación remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) un expediente disciplinario por la presunta inscripción irregular y masiva de ciudadanos en zonas rurales del departamento del Guaviare, exigiendo la adopción inmediata de medidas administrativas orientadas a evitar la consumación de un fraude por trashumancia electoral que alteraría la elección de las Curules de Paz programada para el próximo 8 de marzo.
El procurador regional de instrucción de Guaviare, Edison Baltazar Rodríguez Vivas, concluyó que su despacho carecía de la competencia decisoria para anular las inscripciones, por lo que remitió la investigación bajo el radicado IUS E-2026-008490 directamente al tribunal electoral. El funcionario del Ministerio Público exhortó al CNE para que «se tomen todas las medidas administrativas y jurídicas a fin de evitar posibles conductas por parte de ciudadanos que puedan adecuarse a la Trashumancia Electoral o Trasteo de Votos».
El ente de control fundamentó su alerta en la necesidad de blindar los comicios, indicando que resultaba de suma importancia cruzar la información en las diferentes bases de datos para garantizar la transparencia, asegurar la pureza del voto y evitar alteraciones del orden público. La autoridad disciplinaria notificó su decisión a los ciudadanos que interpusieron las quejas originales y ordenó los registros correspondientes en el Sistema de Información Misional.
La remisión del expediente por parte de la Procuraduría coincidió con las denuncias que revelaron un comportamiento histórico atípico en el censo del Guaviare, donde varios puestos de votación rurales experimentaron crecimientos superiores al 1.500 %. Los reportes allegados a las autoridades señalaron que el puesto de la Institución Educativa Agua Bonita, en San José del Guaviare, pasó de 170 inscritos en el año 2022 a 2.789 votantes para las elecciones del 2026.
Las quejas que originaron las investigaciones advirtieron sobre un presunto direccionamiento político liderado por un candidato específico, detallando que múltiples contratistas y ciudadanos urbanos «hacían las largas filas en los puestos cercanos de votación rurales de manera descarada para inscribir la cedula para votar en el sector rural, y así favorecer a un candidato».
Ante la gravedad de los hallazgos que motivaron la actuación de la Procuraduría, el Tribunal Administrativo del Meta admitió una acción de tutela interpuesta por la Asociación Red de Mujeres Rurales Vereda La Y (ASOYERURAL). Aunque el magistrado Carlos Enrique Ardila Obando negó la suspensión provisional de los efectos electorales al considerar que se requerían mayores elementos probatorios, sí ordenó al CNE y a la Registraduría rendir informes detallados sobre los mecanismos de verificación de residencia que implementaron en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 7.
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