Autoridades locales, nacionales y organismos de control coordinan acciones técnicas y fiscales para verificar el acatamiento de la medida preventiva ordenada por la corporación ambiental. A su vez, las comunidades ribereñas, transportadores y comerciantes permanecen a la expectativa de soluciones institucionales que permitan recuperar la movilidad sin comprometer la seguridad de la población.
La autoridad ambiental lidera la articulación institucional para garantizar el cumplimiento de la suspensión preventiva en el cauce del río Magdalena, ante riesgos técnicos que podrían afectar la infraestructura hidráulica y la seguridad del municipio de Salamina
La autoridad ambiental del Magdalena repreentada por Corpamag tiene claro que el ferry de Salamina no puede operar. Si lo hace viola la ley y normativas regulatorias sobre la protección del río y de las comunidades.
En el marco de sus funciones de seguimiento, vigilancia y control ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, convocó una mesa de trabajo interinstitucional con el propósito de evaluar el cumplimiento de la medida preventiva de suspensión de actividades de ocupación de cauce que se desarrollan en el contexto de la operación del ferry en el municipio de Salamina. La decisión se da tras los análisis técnicos que advierten posibles impactos sobre la dinámica del río y las obras hidráulicas existentes en el sector.
La convocatoria fue liderada por el director general de Corpamag, Alfredo Martínez Gutiérrez, quien destacó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las entidades involucradas para garantizar el respeto de las disposiciones ambientales vigentes. En el encuentro participaron representantes de la Alcaldía de Salamina, la Universidad del Magdalena, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y organismos de control como la Procuraduría 13 Delegada para Asuntos Ambientales y Mineros, la Procuraduría Regional del Magdalena y la Procuraduría Provincial del Magdalena. El objetivo principal fue articular acciones técnicas, administrativas y fiscales que permitan un seguimiento riguroso a la medida adoptada.
Durante la mesa de trabajo se revisaron los alcances de la Resolución 3400 del 22 de agosto de 2025, mediante la cual se ordenó la suspensión preventiva de las actividades señaladas, así como la Resolución 0075 del 20 de enero de 2026, que amplía dicha medida a entidades como Findeter e Invías, entre otras autoridades que tienen injerencia en el proyecto. Estas disposiciones buscan prevenir posibles daños ambientales y salvaguardar la estabilidad de las obras hidráulicas construidas en la zona.
La Corporación reiteró que el propósito central es lograr el cumplimiento efectivo e inmediato de la medida preventiva, teniendo en cuenta el nivel de riesgo advertido en los informes técnicos elaborados por la Universidad del Magdalena. Dichos estudios señalan posibles afectaciones a la infraestructura hidráulica y eventuales riesgos para la seguridad del municipio de Salamina, lo que hace necesario actuar con celeridad y bajo el principio de precaución ambiental.
RIESGO PARA MÁS DE 5.000 HABITANTES
La erosión fluvial sigue siendo un problema significativo en el municipio de Salamina, especialmente en la zona ribereña del río Magdalena y en el corregimiento de Guáimaro. La comunidad ha denunciado que este fenómeno ha persistido durante más de una década y ha puesto en riesgo la vida, la infraestructura y la conectividad de miles de personas que habitan cerca de las orillas del cauce.
El año pasado y a comienzos de 2026, habitantes y líderes sociales presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Magdalena para exigir al Estado una intervención integral que detenga el avance de la erosión y garantice obras de protección como barreras de contención y evaluación técnica del riesgo. Esta acción busca proteger los derechos colectivos de más de 5.000 habitantes expuestos al desgaste progresivo del terreno por la fuerza del río.
La problemática ha recibido atención institucional desde hace varios años. Autoridades ambientales y de gestión del riesgo han monitoreado permanentemente las márgenes del río en Salamina y municipios vecinos, y se ha implementado una medida preventiva de suspensión de actividades en la ocupación de cauce, con el fin de reducir posibles efectos negativos de intervenciones humanas en un sector ya vulnerable.
La erosión fluvial ha sido objeto de debates públicos y acciones legales debido a su impacto en vías, viviendas y terrenos cercanos al río. Aunque ha habido iniciativas de mitigación e investigaciones técnicas por parte de entidades ambientales, las demandas de la comunidad y las decisiones judiciales indican que las soluciones estructurales aún no se han concretado plenamente y que el riesgo, de manera general, continúa siendo una preocupación tanto para los residentes como para las autoridades responsables.
En resumen, a la fecha, Salamina enfrenta un escenario en el que la erosión del río Magdalena mantiene activa la preocupación por la seguridad de la población y la integridad del territorio, con esfuerzos institucionales en curso para atender este fenómeno que lleva años afectando la zona.
