La aspirante a la Cámara, Julia Miranda y Omar García, director de Cotelco en Magdalena, denunciaron la falta de presencia del Estado en el Parque Tayrona frente a grave situación de seguridad que hoy se observa en la región.
El Gobierno Nacional anunció el pasado 17 de febrero el cierre temporal del Parque Nacional Natural Tayrona como medida preventiva para proteger la vida y la integridad de visitantes, comunidades y funcionarios, y garantizar su seguridad. La decisión, adoptada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Defensa Nacional, responde a situaciones recientes registradas en los accesos y sectores del área protegida.
Esto se dio debido a que, desde el 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, se adelantó una intervención institucional orientada a hacer cumplir medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro del área protegida. Luego de esto comenzaron a circular en redes sociales mensajes con amenazas directas contra el personal del Parque y se registraron actos de intimidación en los accesos, donde se impidió el ingreso de funcionarios y se solicitó que no portaran sus uniformes, entre otros.
En entrevista con 6AM W, Julio Sánchez Cristo habló con Omar García, director de Cotelco en Magdalena, quién pidió ayuda de las instituciones para que esta situación no siga en crecimiento.
Indicó que desde el gremio hotelero y turístico se está pidiendo mesura, un trabajo articulado, y donde tienen que estar todos los actores, incluyendo las autoridades.
Por otra parte, la representante a la cámara, Julia Miranda, fue enfática en decir que hay falta de gobernabilidad por parte del Estado en el Parque Tayrona.
“Lo que ve uno es una falta de gobernabilidad aquí especialmente, es una situación que nos lleva a pensar que, en vez de controlar la situación, de tener una decisión política de parte del presidente de la República, la ministra de Ambiente, el ministro de Defensa, las fuerzas militares y de policía, de tomar el control del territorio, prefieren replegar la institucionalidad y la solución más fácil es cerrar el parque”.
Denunció también que, desde el año pasado la Procuraduría ha actuado, ha desarrollado varias mesas que buscan hablar con las personas del Tayrona, escuchar sus necesidades, las amenazas, para poner en conocimiento de la fuerza pública y que se dé una acción contundente. Mientras que la Procuraduría y la Defensoría actúan, “No vemos que el resto del Estado esté tomando control de la situación”.
