La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que mantiene la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), al concluir que las pruebas sobre su presunta participación como determinador en el esquema de sobornos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) son suficientes para justificar su privación de la libertad.
El alto tribunal respaldó la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida en septiembre de 2025, que encontró acreditada la inferencia razonable de autoría de González en los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos. La corporación determinó que el exfuncionario ofreció a Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, presidentes del Senado y la Cámara para el periodo 2023-2024, “la posibilidad de manejar contratos públicos o dinero” con el objetivo de conseguir apoyo para los proyectos de ley del Ejecutivo que cursaban en el Congreso.
La ruta de los 4.000 millones
El fallo detalló la operación ilícita orquestada para cumplir con los compromisos políticos. Según la investigación avalada por la Corte, González solicitó a Olmedo de Jesús López Martínez, entonces director de la UNGRD, entregar las sumas acordadas, operación que se materializó en dos momentos clave el 25 de septiembre de 2023.
Para Iván Name se destinaron 3.000 millones de pesos, convenio pactado en un desayuno en la habitación 2312 del Hotel Tequendama, organizado por la exconsejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. En el caso de Andrés Calle, el monto ascendió a 1.000 millones de pesos, entregados en las instalaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Los recursos provinieron de un contrato de 46.000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua en La Guajira, del cual Olmedo López exigió un 14 % en sobrecostos. La entrega física del dinero a Name se realizó mediante maletas transportadas en camionetas oficiales, recibidas inicialmente por Sandra Ortiz de manos de funcionarios de la UNGRD.
La defensa de González alegó que la acusación se basaba en “testimonios sesgados” y carentes de respaldo objetivo. Sin embargo, la Corte desestimó este argumento y validó la credibilidad otorgada a las declaraciones de Olmedo López, quien fue “consistente en señalar al entonces director del DAPRE como la persona que, desde su posición, le ordenó ejecutar los actos de corrupción”.
El tribunal destacó que los dichos de López no fueron aislados, sino que se corroboraron con evidencia técnica, incluyendo un video de las instalaciones del Palacio de Nariño “en el que se corrobora cómo Sandra Ortiz tomó del brazo a Olmedo López”, una acción descrita por el testigo para ratificar la instrucción ilegal.
Además, la providencia reveló un elemento clave sobre la participación de los congresistas implicados. La Sala señaló que el señalamiento contra González se robusteció con las declaraciones del exsenador Iván Name, “quien aceptó haber acordado con el accionante la entrega de la coima”.
El exdirector del DAPRE intentó anular el proceso argumentando una falta de competencia del Tribunal Superior de Bogotá para resolver su apelación, invocando la reciente Ley 2477 de 2025. No obstante, la Corte concluyó que dicha irregularidad no se planteó en el trámite ordinario y que la autoridad judicial actuó bajo el marco legal vigente al momento de los hechos.
La Sala enfatizó que subsisten los fines constitucionales para mantener a González en prisión, citando el “peligro para la comunidad” derivado de la gravedad de los hechos y la “red de contactos construida por el accionante en cargos de alta jerarquía”, factores que justifican la necesidad de la medida cautelar mientras avanza el juicio.
- COLPRENSA
