La Procuraduría y la Contraloría ordenaron a todos los administradores de dineros públicos no aprobar proyectos de inversión improvisados ni mal planeados, tras advertir que el afán por contratar antes de que inicien las restricciones de las elecciones de 2026 no justifica saltarse los requisitos técnicos legales.
En una decisión conjunta firmada el 4 de febrero de 2026, el procurador, Gregorio Eljach, y el Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, lanzaron una alerta para proteger los recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Los funcionarios señalaron que los encargados del gasto “deberán observar de manera estricta y restrictiva” las prohibiciones de la Ley de Garantías (Ley 996 de 2005), diseñada para evitar que la contratación estatal favorezca campañas políticas.
El mensaje central de la circular fue directo: no se pueden aprobar obras a medias solo para ganar tiempo. Los organismos de control explicaron que “la proximidad del inicio de las restricciones de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) no constituye en ninguna circunstancia una causal de excepción para aprobar proyectos con estudios precarios, incompletos o desactualizados”.
Para evitar elefantes blancos o demoras futuras, exigieron que cada iniciativa tenga listos sus “estudios y diseños definitivos, técnicos, legales y financieros” antes de recibir el visto bueno.
La circular también puso freno a la selección arbitraria de las entidades que ejecutarán las obras. La Procuraduría y la Contraloría enfatizaron que esta decisión “no puede ser discrecional ni arbitraria”, sino que debe basarse obligatoriamente en la capacidad administrativa y financiera del ejecutor.
Advirtieron que elegir a un ejecutor sin justificar técnicamente por qué es el más apto “constituye un vicio que puede acarrear incidencias disciplinarias”. Es decir, los funcionarios podrían ser sancionados si entregan el manejo de los recursos por favoritismo y no por mérito técnico.
Para cerrar el paso a la corrupción, ordenaron total transparencia. Los entes de control recordaron que es obligación publicar de forma “inmediata y completa” todos los documentos y actos administrativos en la plataforma digital Secop.
Finalmente, aclararon que aunque vigilarán cada peso, su labor “no comporta autorización previa, aval, validación ni coadministración” de los contratos. La responsabilidad de hacer las cosas bien recae exclusivamente en los gestores fiscales, quienes deberán responder con su patrimonio si causan daños al Estado por malas decisiones.
- COLPRENSA
