Se prioriza el control de áreas críticas, como la Ciénaga Grande de Santa Marta, con operaciones coordinadas que aseguren el orden público y
Se acordó despliegue militar constante, especialmente en municipios con altos índices de inseguridad.
Ante el incremento de los delitos como el homicidio la extorsión y la elevada percepción de inseguridad reportada en varios municipios del Magdalena, la gobernadora Margarita Guerra encabezó un encuentro con la Fuerza Pública para presentar el Plan Estratégico de Estabilización de la Seguridad. Este plan ha sido diseñado con el objetivo de enfrentar de manera contundente a los grupos armados y delincuenciales que operan en el departamento, fortaleciendo la presencia de la autoridad estatal y articulando acciones coordinadas entre Ejército, Policía y entidades judiciales. La reunión permitió revisar los diferentes frentes de acción, evaluar los indicadores de criminalidad en las últimas semanas y proyectar medidas concretas para garantizar la seguridad de los ciudadanos en las zonas más afectadas.
Al encuentro asistieron altos mandos de la Fuerza Pública, incluyendo al mayor general Carlos Carrasquilla, comandante de la Primera División del Ejército; el coronel Edwin Díaz, comandante de la Segunda Brigada del Ejército; el teniente coronel Francisco Astier, comandante del Batallón Córdova; el teniente coronel Camilo Camacho, comandante del Batallón de Montaña No. 6; el teniente coronel Lucas Restrepo, comandante operativo de la Policía del Magdalena; y el capitán Diego Herrera, jefe del GAULA de la Policía Magdalena. La presencia de estos oficiales permitió establecer un diálogo directo sobre las capacidades actuales de las unidades, el despliegue operativo en municipios críticos y las necesidades logísticas y de infraestructura para garantizar el control efectivo del territorio.
Durante la sesión se analizó detalladamente el impacto de los Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), identificados como los principales responsables del aumento de homicidios, extorsiones y otros delitos en el departamento. Se señaló que la actividad criminal de estas estructuras ha generado una alta percepción de inseguridad en municipios clave como Santa Marta, Ciénaga y la Zona Bananera, afectando la vida cotidiana y la confianza de la ciudadanía. La Gobernación del Magdalena advirtió además que la incursión del Clan del Golfo, en disputa con otras estructuras locales, ha fortalecido las economías criminales y el control territorial ilegal en distintas zonas del departamento, complicando la labor de las autoridades y generando retos adicionales para las acciones de seguridad.
CRECIMIENTO DE LOS GRUPOS CRIMINALES
La gobernadora Margarita Guerra alertó que, en los últimos seis años, estas estructuras criminales han incrementado su capacidad operativa en más del 600%, lo que evidencia la necesidad de implementar acciones integrales de control territorial, fortalecer el pie de fuerza y garantizar una judicialización efectiva de los responsables. En ese contexto, se destacó la importancia de avanzar hacia estándares mínimos de seguridad, incluyendo la presencia de al menos dos policías por cada 1.000 habitantes y la garantía de presencia militar permanente en los municipios más afectados. Estas medidas buscan mantener el orden público y prevenir la expansión de grupos criminales en nuevas zonas del departamento.
REDUCCIÓN DE DELITOS
Por otra parte, durante el encuentro se resaltó la reducción reciente de delitos como el hurto, atribuida a los planes operativos que se vienen ejecutando en coordinación entre Ejército y Policía. También se anunció una inversión superior a los 18.000 millones de pesos destinada a mejorar la movilidad, equipamiento y capacidades de respuesta de la Fuerza Pública en todo el departamento.
ZONAS ESTRATÉGICAS Y SEGURIDAD ELECTORAL
Además, se priorizó el control de zonas estratégicas, como la Ciénaga Grande de Santa Marta, y la preparación de planes especiales de seguridad de cara a los próximos procesos electorales, con el objetivo de garantizar que las elecciones se desarrollen en un ambiente seguro y con presencia efectiva de las autoridades.
