La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP no solo cerró la investigación del caso de secuestro, sino que expuso con nombres propios y roles específicos el engranaje de la «empresa criminal» que montaron los Bloques Oriental y Sur de las extintas Farc, al imputar a 22 mandos medios que funcionaron como los cerebros financieros, los carceleros de los campos de alambre y los planificadores de tomas masivas que dejaron 21.396 víctimas.
La magistratura reveló que el secuestro operó bajo una estricta lógica empresarial impuesta por el Secretariado. La investigación estableció que el Bloque Oriental tenía la obligación de entregar una cuota de «2,5 millones de dólares», mientras que el Bloque Sur debía aportar «2 millones de dólares». Para cumplir estas exigencias, los comandantes imputados sistematizaron las «pescas milagrosas» en las salidas de Bogotá y ejecutaron secuestros de ganaderos y comerciantes.
Entre los señalados como cerebros financieros figura Wilmar Antonio Marín, alias ‘Hugo 22’, quien comandó el Frente 22 y coordinó los secuestros extorsivos en Cundinamarca mediante «alianzas con bandas delincuenciales como ‘Los Calvos’», tercerizando la captura de las víctimas. Asimismo, Bernardo Mosquera, alias ‘Negro Antonio’, fue identificado como el encargado de las finanzas y el orden público en el Meta y Cundinamarca, operando en municipios como Viotá y Sumapaz.
La decisión judicial individualizó a los hombres que custodiaron la vida y la muerte en la selva. Marco Fidel Suárez, alias ‘Kokoriko’, fue imputado como el «coordinador de la guardia de militares y policías secuestrados» en los infames campamentos de ‘Barrial’ y ‘Angosturas’ entre 1998 y 1999.
Por su parte, José Ricaurte Valencia, conocido como ‘Caresanto’, comandó la vigilancia de políticos y militares en los campamentos ‘Caño Grande’ y ‘Las Rocas’ en Guaviare. La investigación también señaló a Luis Ernesto Garzón, alias ‘Severiano’, quien tuvo bajo su mando la custodia de los últimos 10 oficiales de la fuerza pública que permanecieron en cautiverio hasta 2012.
El exgobernador del Meta, Alan Jara, describió ante la JEP su lugar de reclusión bajo estos mandos como una «jaula» que le recordaba a los «campos de concentración».
En el sur del país, la JEP imputó a los estrategas de los golpes más duros a la fuerza pública. Ezequiel Hueguía, alias ‘Rolando Romero’, lideró la inteligencia militar que planeó las tomas de Las Delicias y Patascoy, hechos que derivaron en el secuestro masivo de soldados y policías.
También fue vinculado William Tovar Ríos, alias ‘Franklin Smith Caicedo’, quien integró el Estado Mayor del Bloque Sur y fue reemplazante de la temida Columna Móvil Teófilo Forero, unidad responsable de secuestros de alto perfil como el de los diputados del Valle y el edificio Miraflores.
La magistrada Julieta Lemaitre fue enfática al tipificar el delito de esclavitud, una calificación que los antiguos mandos han intentado rechazar bajo el argumento de que no «vendían» personas. «La esclavitud contemporánea en el derecho actual es trabajar sin pago y en este caso sin poderse ir», explicó Lemaitre, basándose en evidencia de víctimas obligadas a construir carreteras y realizar trabajos forzados en jornadas extenuantes.
En este capítulo, la JEP imputó a Elmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’, quien supervisó los trabajos forzados en el sector de ‘La Gorgona’, en Guaviare, donde los secuestrados eran sometidos a labores de ingeniería civil para la guerrilla.
La Sala de Reconocimiento ordenó a la Fiscalía y a las autoridades dar con el paradero de tres imputados del Bloque Oriental que no han comparecido: Bertulfo Caicedo (‘Alberto Pitufo’), Julián Saavedra (‘William Sánchez’) y Olivo Guantiva (‘Robledo’), de quien se tiene noticia de una posible captura reciente.
El auto también documentó la responsabilidad de mandos ya fallecidos que, de estar vivos, habrían sido los máximos responsables, como el ‘Mono Jojoy’, ‘Romaña’ y ‘Gentil Duarte’. Ahora, los 22 imputados vivos tienen 30 días para reconocer su participación en esta maquinaria criminal y aportar información sobre las 185 personas que, tras ser secuestradas por sus bloques, continúan desaparecidas.
- colprensa
