La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 54 meses de prisión a la fiscal Bibiana Rosa Orozco Bonilla, tras hallarla culpable del delito de prevaricato por acción agravado al haber ordenado la libertad y el cierre de la investigación a favor del paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, implicado en el secuestro y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima.
La decisión revoca el fallo absolutorio que había emitido el Tribunal de Bogotá y establece que la funcionaria actuó de manera dolosa y «manifiestamente contraria a la ley». El alto tribunal determinó que Orozco Bonilla, en su calidad de Fiscal 49 de Derechos Humanos, emitió una resolución el 28 de mayo de 2015 en la que revocó la medida de aseguramiento contra Cárdenas Orozco y precluyó el caso, bajo el argumento de que este no se encontraba en el lugar de los hechos.
Para la Corte, la fiscal desconoció deliberadamente la declaración de la víctima, quien reconoció sin margen de duda a su agresor por su voz, sonrisa y rasgos físicos. La sentencia enfatizó que Orozco Bonilla restó valor a este señalamiento directo, calificado previamente por ella misma como «contundente y creíble», para dar paso a una decisión que favoreció injustificadamente al procesado.
La funcionaria sustentó la libertad del paramilitar en testimonios de familiares que aseguraron que este se encontraba en Cúcuta el día del secuestro, pero el fallo desvirtuó esa tesis al exponer graves contradicciones en dichas versiones que fueron pasadas por alto.
Los magistrados resaltaron que los testigos citaron eventos imposibles, como la asistencia a un bautismo ocurrido un año antes de los hechos, la celebración del Día de la Madre en una fecha que no correspondía y certificaciones laborales de años posteriores, inconsistencias evidentes que la fiscal decidió ignorar para cerrar el caso.
El fallo explicó que no se trató de un error por inexperiencia, pues Orozco Bonilla llevaba años en la entidad y fue advertida directamente sobre la ilegalidad de su actuación. Tanto la investigadora del caso como la procuradora delegada le manifestaron, antes de la firma de la resolución, que las pruebas de la defensa eran frágiles y que el testimonio de Jineth Bedoya mantenía plena vigencia, alertas que la funcionaria desatendió para proceder con la preclusión.
Además de la pena privativa de la libertad, la Corte impuso una inhabilitación de 90 meses para el ejercicio de funciones públicas y una multa de 75 salarios mínimos. La Sala negó la prisión domiciliaria por la gravedad de la conducta y ordenó la captura inmediata de la exfuncionaria una vez la sentencia qued
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