Que las personas ganen más siempre es una buena noticia. Es legítimo y necesario que los ingresos crezcan, que el trabajo rinda y que las familias tengan mayor capacidad para cubrir sus necesidades. Un mejor salario permite consumir, ahorrar, invertir, mejorar la calidad de vida y planear el futuro. Cuando los ingresos aumentan como resultado de mayor productividad, crecimiento económico o generación de empleo formal, el beneficio se extiende a toda la sociedad.
El problema surge cuando ese bienestar no está respaldado por una economía sólida, sino por un Estado que gasta más de lo que recauda. En ese punto aparece un concepto que suele parecer técnico o distante, pero que afecta de manera directa la vida diaria de los hogares. El déficit fiscal. Entender las cuentas del Estado debería ser tan sencillo como entender las cuentas del hogar. Ninguna familia puede sostener de forma permanente un nivel de gasto superior a sus ingresos sin enfrentar consecuencias.
El déficit fiscal ocurre cuando el Estado tiene más gastos que ingresos. Para cubrir esa diferencia solo existen tres opciones. Aumentar impuestos, endeudarse o reducir gasto. No hay alternativas adicionales. Cada una de estas decisiones tiene efectos concretos sobre los ciudadanos, aun cuando no siempre se expliquen con claridad. El déficit es una decisión que se traduce en costos reales para la población.
Para entenderlo mejor, imagine que sale a cenar. En la mesa de al lado, un grupo de personas consume sin restricción, pide los platos más costosos y prolonga la celebración. Al final de la noche, cuando llega la cuenta, se levantan y señalan su mesa para que usted pague. Entonces, recibe usted una factura que no corresponde a su consumo. Eso es el déficit fiscal. Exceso de gastos decididos por otros que terminan siendo asumidos por usted.
En los hogares la aritmética es clara. Si entran diez, no se pueden repartir doce. Esa lógica básica es la misma que debería regir las finanzas públicas. El administrador del Estado, más allá de cargos o discursos, administra recursos que no le pertenecen. Cuando se gasta lo que no tiene, las consecuencias no recaen sobre quien toma la decisión, sino sobre quienes dependen de esos recursos.
Pensemos en un ejemplo concreto. Una familia dispone de dos millones de pesos mensuales para cubrir mercado, transporte, servicios y otros gastos básicos. Con ese ingreso logra organizarse. Sin embargo, si los precios suben, el mercado que antes costaba $300.000 pasa a costar $380.000. El ingreso no cambió, pero el dinero alcanza para menos. La familia debe ajustar su consumo, endeudarse o dejar de ahorrar. El déficit fiscal se manifiesta así.
Este fenómeno afecta con mayor intensidad a quienes viven de ingresos informales. El trabajador independiente o el vendedor ambulante no cuenta con ajustes automáticos de salario ni con mecanismos de protección. Para ellos, la inflación actúa como un impuesto inmediato que reduce el valor de su trabajo y limita su capacidad de respuesta.
A mediano plazo, el desorden fiscal limita el crecimiento económico. Un Estado altamente endeudado reduce su margen de acción, pierde credibilidad y encarece el financiamiento. Menor inversión significa menos empleo formal y menores oportunidades de ingreso. La inflación persistente debilita el ahorro y deteriora la confianza en la economía.
Tener cuentas públicas ordenadas no es un asunto técnico ni exclusivo de expertos. Es una condición básica para proteger el ingreso de las familias y garantizar estabilidad. No se puede sostener una política social duradera sobre el déficit permanente.
La responsabilidad fiscal no implica abandonar lo social, sino asegurar que las decisiones de hoy no comprometan el bienestar de mañana. Cuando el Estado gasta sin respaldo, la deuda no la asume quien gobierna, la asumimos en el conjunto de los ciudadanos. Por ello, entender cuándo las cuentas de la casa común están en rojo no es teoría económica; es comprender que nos están gastando el presente y empeñando el futuro.
*Exdirectora del ICBF
