El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena, con ponencia favorable de la magistrada Martha Lucía Mogollón Saker, corrió traslado a las partes para que, en un término no mayor a los 5 días, presenten por escrito sus alegatos de conclusión de la demanda interpuesta.
Lo anterior va dentro del requerimiento que busca la demolición de la malla exterior, en las afueras de la Cárcel Judicial Rodrigo de Bastidas, que ocasiona el cierre de la calle 23 entre las carreras 17 y 18, en el barrio Los Alcázares de esta ciudad, lo que obstaculiza la libre locomoción o movilidad del vecindario y el transporte por el sector.
La demanda en mención, fue presentada el pasado 27 de noviembre de 2024 por Samuel Alfredo Cabas y muchos otros vecinos del citado sector, la cual argumentan en el hecho de la recuperación de la calle en mención, debido a que su cierre, pone en riesgo la seguridad de los moradores del barrio.
En su momento la demanda fue contestada por los demandados, en este caso el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el Ministerio de Justicia, el Consejo Nacional de Política Criminal, el Distrito de Santa Marta, y el Concejo de la ciudad.
“Debido a que se tiene el material suficiente para resolver la Acción Popular que busca la protección de los derechos e intereses colectivos, el Tribunal Contencioso procede a correr los traslados correspondientes, para luego de los alegatos de conclusión proferir el fallo administrativo de primera instancia”, dice en uno de sus apartes el fallo.
Según se conoció las agentes que hacen parte de este proceso, ahora tienen cinco días para presentar sus alegatos para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Magdalena, proceda a aprobar la petición en su defecto negarla, ya que se trata de la primera instancia.
FRENTE COMÚN
Las comunidades de los barrios Los Alcázares y otros que se encuentran en el área de influencia de la Cárcel Distrital de Santa Marta, solicitan la solidaridad de la ciudadanía en general para que el Concejo Distrital legisle y de una vez por toda, ese bien inmueble salga del lugar donde se encuentra, porque está estrangulando el desarrollo de esa zona.
“Desde hace año se viene bregando por el traslado de la cárcel y ante se han hecho las diligencias ante el alto gobierno, no se ha logrado nada”, dijo uno de los moradores vecino del recinto carcelario.
Argumentaron que, desde hace años, se viene hablando de la construcción de una especie de Cárcel de Mediana Seguridad en el municipio de San Ángel, en subregión del Ariguaní y al parecer, lo que avanzaba bien, ahora tiende a convertirse en un gran ‘elefante blanco’.
“Si el recinto carcelario sale de donde se encuentra, esto progresa porque se expandiría la zona hospitalaria y de salud de la ciudad, porque se tendría de vecino al Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche y nacerían nuevas clínicas para la atención de la población”, precisó la fuente.
