La Corte Constitucional advirtió este martes que la frecuente salida de directores en la Unidad para las Víctimas pone en riesgo la atención humanitaria a los desplazados y exigió un informe inmediato, tras la reciente declaración de insubsistencia de Adith Romero, cuya gestión terminó en medio de denuncias sobre contratación irregular y fue relevada mediante encargo por Breiner Rafael Osorio.
La Sala de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, presidida por la magistrada Natalia Ángel Cabo, manifestó su preocupación por la salida de Romero Polanco, quien ocupaba el cargo de director general desde mayo de 2025.
El tribunal señaló que esta destitución se sumó a la de otras dos directoras en los últimos tres años y a varios nombramientos temporales, lo que generó una «reiterada rotación» en la cabeza de la entidad.
Para intentar frenar esta crisis en la recta final del mandato del presidente, Gustavo Petro, el Gobierno designó mediante el Decreto 0055 del 22 de enero de 2026 a Breiner Rafael Osorio Pinto como director general encargado. Osorio, abogado de 34 años y Máster en Derechos Humanos, llega a la entidad con el propósito de fortalecer los canales institucionales y garantizar los derechos de las víctimas, un perfil técnico que contrasta con los cuestionamientos que pesaban sobre la administración anterior.
El alto tribunal calificó el reciente relevo como «particularmente inquietante» al estar acompañado de denuncias sobre «presuntas irregularidades asociadas a la contratación adelantada por la UARIV».
La salida de Romero se dio bajo la lupa de la Procuraduría y en medio de críticas por su idoneidad para el cargo, pues su experiencia previa de 16 años se concentraba en labores de escolta y asesoría de seguridad, según denuncias reveladas por Colprensa.
Ahora, con la llegada de Osorio Pinto —especialista en Gestión Pública y con trayectoria en Derecho Internacional Humanitario—, el reto será superar la desconfianza institucional que, según la Corte, afecta a las víctimas. Sin embargo, los magistrados insistieron en que estos hechos «deben ser investigados con prontitud y rigor», independientemente del nuevo nombramiento.
La falta de una dirección fija ocurrió mientras el país enfrenta graves problemas humanitarios, como la crisis que afecta desde hace más de un año a la región del Catatumbo.
La Corte advirtió que la ausencia de una «conducción técnica, estable y sostenida» impide que el Estado ofrezca «respuestas oportunas, integrales y debidamente articuladas» a las familias desplazadas y confinadas por el conflicto.
Frente a esta situación, la Sala anunció que adoptará medidas para que la Unidad informe sobre los «mecanismos que aseguren la continuidad operacional» a pesar de los cambios directivos. Finalmente, hizo un llamado para que la designación definitiva de la persona a cargo se realice con el «máximo rigor y a la mayor brevedad», para evitar que la interinidad prolongue la vulneración de derechos.
BOGOTÁ, (Colprensa).
