El próximo 8 de marzo nuestra democracia se somete a una prueba de coherencia. Coinciden la elección del Congreso, escenario fundamental para que funcione la democracia, y la concurrencia a las consultas interalianzas. Lejos de la retórica que dibuja una nación fracturada por extremos, útil para no decir lo esencial, este es un paso fundamental para Colombia ante una definición del modelo. Es el momento de entender qué modelo de desarrollo y de libertad estamos dispuestos a validar.
Lo que está en juego es una decisión profundamente racional entre dos visiones opuestas de país. De un lado, la democracia liberal, basada en libertades individuales, iniciativa particular, pluralismo, límites al poder, Estado de Derecho, innovación, creatividad. Del otro, un modelo estatista, que concibe al Estado como actor supremo, concentrador de la verdad, de decisiones, recursos y poder, y que en América Latina y el mundo, ha demostrado reiteradamente su fracaso económico, su deriva autoritaria y su desprecio por la autonomía de los ciudadanos.
Las consultas del 8 de marzo son un termómetro real de esa discusión. No definen aún la Presidencia, pero sí ordenan el debate político y obligan a los proyectos a validarse al respaldo ciudadano.
Los datos del 2022 evidencian que la consulta es el verdadero punto de partida. En esa ocasión, más de 12.2 millones de colombianos salieron a las urnas. El Pacto Histórico logró 5.8 millones de votos, mientras que la coalición Equipo por Colombia movilizó a 4.1 millones y el sector de Centro Esperanza alcanzó los 2.2 millones. Las cifras son el filtro de legitimidad que permite decantar qué proyectos tienen respaldo social.
La participación ciudadana no se agota en un día, pero empieza allí. Cuando los ciudadanos se involucran, exigen rendición de cuentas y ponen límites a proyectos que pretenden avanzar bajo consignas vacías o nostalgias ideológicas que no funcionan. Sin embargo, este ejercicio requiere algo más que entusiasmo, pues exige comprensión. Votar no es un gesto simbólico; es una decisión informada sobre cuánto poder se le entrega al Estado y bajo qué límites.
El 8 de marzo el elector recibirá un único tarjetón, donde conviven todas las consultas. No se trata de un trámite automático, sino de un ejercicio de identificación con atención. Cada persona debe ubicar con nitidez el espacio de la consulta de su preferencia y marcarlo correctamente, pues un error en la tarjeta anula la voluntad y silencia la opinión. En las jornadas pasadas, el voto nulo y no marcado superó el 8%, una cifra alarmante frente al 1% de las presidenciales. No participar, o hacerlo sin esta claridad, es dejar que otros decidan por nosotros el rumbo del país. El desafío pedagógico es inmenso y exige rigor ciudadano en el puesto de votación.
Para quienes no transamos la libertad ni el orden constitucional, la Gran Consulta por Colombia, es el escenario con mayor consistencia. Allí confluyen nueve diferentes liderazgos con sus propias trayectorias, pero en su mayoría con preparación, experiencia y una visión clara de Estado. Esta alianza propone un Estado que funcione, que reduzca el despilfarro y enfrente la corrupción; que haga de la educación y la meritocracia los motores del ascenso social, y promete garantizar la seguridad en cada rincón del país y rescatar un sistema de salud atrapado en la improvisación. Es una coalición comprometida con la defensa de la democracia liberal, la propiedad privada y el respeto pleno por la Constitución de 1991.
La participación en la Gran Consulta por Colombia, trasciende lo electoral para convertirse en una responsabilidad histórica. Nuestra región es testigo del precio que se paga al ceder ante liderazgos autoritarios que asfixian la democracia liberal. El 8 de marzo la ciudadanía tiene la oportunidad de validar un modelo basado en el respeto al esfuerzo individual y la iniciativa privada. Es el momento de reafirmar que la función del Estado es proteger a la sociedad, garantizando sus derechos y límites frente al poder.
*Exdirectora del ICBF
