El Consejo Gremial Nacional solicitó formalmente a la Corte Constitucional que anule el Decreto 1390 de 2025, bajo el argumento de que la declaratoria de Emergencia Económica fue firmada ilegalmente por la ministra Irene Vélez cuando ya no tenía permiso para ejercer el cargo y porque la crisis financiera actual es resultado de una mala administración del Gobierno y no de hechos imprevistos.
La demanda alertó sobre un error grave en la aprobación del decreto. Según el documento, la norma fue firmada por Irene Vélez Torres actuando como Ministra de Ambiente encargada, una función temporal que inició el 5 de agosto de 2025. La ley establece que estos encargos duran máximo tres meses, por lo que su permiso venció el 5 de noviembre.
El gremio explicó al magistrado Carlos Camargo Assis que el Presidente no renovó ese permiso a tiempo. «No obra prueba alguna de la expedición de un acto administrativo que haya prorrogado el encargo conferido a la doctora Irene Vélez», señaló el texto. Por esta razón, concluyeron que para la fecha de la firma, el 22 de diciembre, la funcionaria «carecía de la competencia constitucional y legal necesaria para suscribir un decreto legislativo».
CRISIS PROVOCADA, NO SORPRESIVA
Sobre las razones económicas, los empresarios aseguraron que el Gobierno no puede declararse en emergencia por una crisis que él mismo creó. El escrito detalló que el Ejecutivo presentó cuentas alegres en el presupuesto, contando con dinero que no tenía asegurado.
«El agravamiento de la situación fiscal del país se debe a las acciones del propio gobierno, las cuales volvieron previsible la actual situación», afirmó el Consejo Gremial. Para la organización, la falta de plata no fue un accidente, sino el resultado de presentar presupuestos desfinanciados pese a las advertencias de los expertos.
El Gobierno justificó la emergencia diciendo que el Congreso no le aprobó sus reformas tributarias. Frente a esto, la demanda fue tajante: el Gobierno no tiene derecho a exigir que le aprueben todo lo que presenta.
«Pretender que el archivo de una reforma tributaria sea tratado como un evento imprevisible equivale a desconocer la lógica misma del procedimiento legislativo», indicó la intervención. El gremio argumentó que en una democracia es normal que el Congreso niegue leyes y eso no constituye una catástrofe que permita al Presidente tomar poderes extraordinarios.
Finalmente, frente a los problemas de seguridad y las deudas en subsidios de energía, el Consejo Gremial demostró con cifras que son problemas viejos que se han dejado acumular. El documento recordó que el presupuesto de defensa para 2025 fue el más alto en diez años, llegando a 60 billones de pesos, por lo que no falta dinero, sino buena gestión.
Sobre los subsidios de luz y gas que el Estado debe, el gremio aseguró que el Gobierno decidió no pagarlos a propósito desde hace tiempo. «Deliberadamente ha decidido omitir su pago de tiempo atrás», sentenció el texto, aclarando que el Presidente tenía otras herramientas legales, como recortar gastos innecesarios, pero prefirió no usarlas antes de decretar la emergencia.
BOGOTÁ, (Colprensa).
