Al encuentro asistieron representantes de las comunidades campesinas, entidades del orden nacional, departamental y municipal, así como voceros institucionales. En febrero se realizará una reunión con altos funcionarios del Gobierno en el territorio, de la que dependerá si continúa el diálogo o si las comunidades vuelven a la protesta.
El encuentro realizado en Bogotá, dejó un balance negativo, marcado por la ausencia de funcionarios con capacidad de decisión y el escaso tiempo del encuentro.
Una vez concluidos tres días de diálogo en la ciudad de Bogotá, representantes de las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta informaron a la opinión pública que no fue posible obtener respuestas concretas frente a las problemáticas estructurales que afectan al territorio. Esta situación, según indicaron, se debió principalmente a la ausencia de funcionarios con capacidad real de decisión y a la insuficiencia del tiempo destinado para abordar de manera integral los temas planteados, lo que evidenció nuevamente la instrumentalización del diálogo y el desinterés institucional por avanzar de forma efectiva hacia la dignificación de la región.
Las comunidades señalaron que este escenario refleja una persistente desarticulación entre los distintos niveles de gobierno, una realidad que por décadas ha obstaculizado el desarrollo del territorio, la garantía de los derechos fundamentales y ha profundizado la desigualdad y la exclusión histórica de las comunidades campesinas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
El espacio de diálogo fue convocado por el Ministerio del Interior como consecuencia del anuncio de una posible nueva movilización campesina. No obstante, los voceros precisaron que, pese a que en la solicitud formal se estableció de manera expresa que el objetivo del encuentro era privilegiar el diálogo como alternativa a la protesta, en procura de soluciones estructurales y sostenibles, dicha expectativa no fue atendida.
De acuerdo con el balance entregado por las comunidades, el desarrollo del encuentro se centró principalmente en el seguimiento parcial de algunos compromisos previos y en la exposición de las rutas administrativas que deben adelantar las autoridades municipales y departamentales para acceder a políticas nacionales en sectores como infraestructura vial, salud, educación y saneamiento básico. Frente a ello, los distintos entes de gobierno manifestaron su disposición para articular esfuerzos orientados a la gestión e implementación de dichas políticas.
Pese al panorama general calificado como desalentador y ante la posibilidad latente de que las comunidades retomen la movilización como herramienta legítima frente a la falta de respuestas, se concertó directamente con el viceministro del Interior la realización de un espacio de diálogo en el territorio durante el mes de febrero. Este encuentro se desarrollará en el marco de un comité ampliado y de alto nivel decisorio, con el propósito de articular voluntad política, capacidades técnicas y competencias institucionales que permitan atender de manera efectiva, concreta y verificable las problemáticas que inciden directamente en la calidad de vida de las comunidades campesinas.
Uno de los objetivos centrales de este comité ampliado será viabilizar y aprobar proyectos de gran impacto que anteriormente no habían sido avalados, así como definir medidas y mecanismos que permitan la asignación directa de recursos desde el orden nacional para atender temas fundamentales. Los resultados de este espacio serán determinantes para establecer si se continúa por la vía del diálogo sin fines dilatorios y con seguimiento real a los compromisos adquiridos, o si, ante la ausencia de avances sustanciales, se recurre nuevamente a la protesta social pacífica como mecanismo legítimo de exigencia.
Por otra parte, las comunidades informaron que las administraciones municipal y departamental asumieron una serie de compromisos iniciales, orientados tanto a la atención de necesidades inmediatas como a la gestión de acciones de corto y mediano plazo. Sobre estos acuerdos ejercerán un seguimiento estricto y permanente, e informarán de manera periódica y transparente a la opinión pública sobre su nivel de avance y cumplimiento.
Finalmente, los representantes campesinos reiteraron que han apostado de manera decidida por el diálogo y las soluciones concertadas, con la convicción de que el Gobierno del Cambio puede materializar en acciones reales las políticas de equidad, justicia social, garantía de derechos, desarrollo territorial y cuidado ambiental que promueve en sus discursos. No obstante, subrayaron que su lucha es legítima y está amparada por el derecho fundamental a la participación, la protesta social y la dignidad humana, y que continuarán ejerciendo los mecanismos constitucionales necesarios para exigir al Estado el cumplimiento de su deber de garantizar condiciones de vida dignas y el desarrollo integral del territorio que habitan.
