El Gobierno de Ecuador comunicó su disposición de establecer una mesa de diálogo con Colombia para abordar la crisis diplomática y comercial desatada en los últimos días, aunque la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, descartó que el encuentro pueda realizarse este domingo 25 de enero en Ipiales (Nariño) como lo solicitó la Casa de Nariño.
Sommerfeld ratificó la firmeza de las medidas económicas adoptadas por el presidente, Daniel Noboa, bajo el argumento de financiar la seguridad fronteriza.
La canciller explicó que, si bien el diálogo es una parte fundamental de los procesos internacionales, la reunión no ocurrirá en los términos temporales planteados por Colombia debido a que Quito recibirá una misión de seguridad internacional ese mismo día.
«El Ecuador ha hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana para poder mantener diálogos, pero insistir en la posición del Ecuador sobre este tema tan importante», indicó la diplomática, cerrando la puerta a la cita inmediata en Ipiales.
«Tasa de seguridad», no arancel
La jefe de la diplomacia ecuatoriana negó que la medida impuesta por el presidente Noboa sea un simple arancel comercial y la calificó estrictamente como una «tasa de seguridad» necesaria para cubrir los gastos que genera la violencia proveniente del norte.
Sommerfeld enfatizó que Ecuador no es un país productor de droga y que los estupefacientes «permean» desde la frontera con Colombia, lo que obliga al Estado ecuatoriano a asumir costos económicos y humanos desproporcionados.
«No nos equivoquemos, es una tasa de seguridad que se está poniendo a los productos para poder cubrir este costo que el día de hoy no es compartido, sino que mayormente se lo deja a costo del Ecuador, y cuando hablamos de costo no hablamos solamente del gasto en seguridad, sino el costo de las vidas de los ecuatorianos», sentenció Sommerfeld.
Esta postura ratificó la decisión anunciada por el presidente, Daniel Noboa, de aplicar un cobro del 30 % a las importaciones colombianas a partir del primero de febrero. El mandatario justificó la determinación ante lo que denominó una «falta de reciprocidad» y exigió un compromiso real para enfrentar el narcotráfico y la minería ilegal.
La respuesta de Bogotá ante el anuncio ecuatoriano escaló la tensión bilateral. El Gobierno colombiano ordenó la imposición de un gravamen recíproco del 30 % a 20 productos provenientes de Ecuador y suspendió la venta de energía eléctrica al país vecino. La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, afirmó que esta acción «no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio».
Paralelamente, el ministro de Minas, Andrés Palma, argumentó que la suspensión de energía obedece a la necesidad de priorizar la soberanía energética. Palma advirtió que las condiciones actuales, tanto comerciales como energéticas, «no permiten mantener las transacciones internacionales de electricidad sin poner en riesgo el abastecimiento nacional».
Mientras Ecuador reclama mayor presencia del Estado colombiano en la frontera para frenar el flujo de narcóticos, Colombia rechazó los señalamientos de inacción. La Cancillería colombiana calificó el gravamen ecuatoriano como una medida contraria a la normativa de la Comunidad Andina (CAN) que beneficia a los criminales y fomenta el contrabando.
Para defender su gestión, el Gobierno colombiano reveló que las incautaciones de cocaína aumentaron de 132.354 en 2024 a 195.862 en 2025. Asimismo, el presidente, Gustavo Petro, ordenó la construcción de un Centro de Inteligencia Policial en Leticia y aseguró que la criminalidad está migrando debido a la presión de las autoridades locales.
«La mafia se está yendo para el otro lado», aseveró Petro, quien instruyó a las Fuerzas Armadas para detener cualquier ingreso de insumos para la producción de fentanilo mediante operaciones por tierra y mar.
/Colprensa
