La confirmación por parte de la Contraloría General de la República de que la reparación a las víctimas dispuesta en las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra desfinanciada en un 83,6 % para la vigencia 2026 evidenció que el tribunal transicional intentó cobrarle al Gobierno los más de 100.000 millones de pesos faltantes debido a que el inventario de bienes entregado por las extintas Farc resultó ser mayoritariamente ficticio e inmonetizable.
El ente de control fiscal, a través de su Delegada para el Sector Justicia, adelantó un seguimiento permanente a los activos que la antigua guerrilla se comprometió a entregar en el marco del Acuerdo de Paz y los hallazgos explicaron el hueco fiscal actual. Según el informe liberado este martes, de los 121.858 millones de pesos que la JEP calculó necesarios para los componentes restaurativos de sus fallos, solo existen 20.000 millones disponibles para 2026.
La razón detrás de este déficit, que asciende a 101.858 millones de pesos, radica en la disparidad entre lo prometido por el grupo armado y lo efectivamente recibido por el Estado. La Contraloría detalló que las Farc reportaron y acordaron entregar 12.070 millones de pesos en efectivo, pero únicamente se materializó la entrega de 2.114 millones.
Sin embargo, la cifra más alarmante que reveló el organismo de control provino de los bienes raíces. En el inventario acordado figuraban 722 inmuebles destinados a la reparación de las víctimas; sin embargo, la Contraloría verificó que materialmente solo se recibió una unidad, la cual, además, no ha sido monetizada.
El informe también arrojó luz sobre otros activos dudosos. De 440.020 gramos de oro prometidos, se recibieron 252.500 gramos. En cuanto al ganado (semovientes), de 24.456 unidades reportadas, solo llegaron a manos del Estado 258 animales. Incluso en divisas extranjeras hubo irregularidades: aunque se entregaron los 450.000 dólares pactados, 1.500 dólares resultaron ser falsos.
El ente de control concluyó que estos incumplimientos «difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo», situación que «pone en riesgo el derecho a la reparación de las víctimas» y genera una incertidumbre directa sobre la efectividad de la justicia transicional.
La factura pasó al Gobierno
La situación financiera revelada por la Contraloría explicó la urgencia con la que la JEP acudió al Gobierno desde septiembre de 2025. En una carta enviada al Ejecutivo, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, y su secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez, reconocieron que la asignación inicial de 20.000 millones de pesos era insuficiente y solicitaron los 101.000 millones restantes para evitar que las sanciones quedaran en el papel.
El magistrado Camilo Suárez, ponente de la primera sentencia contra el último secretariado de las Farc, advirtió en su momento a Colprensa sobre la gravedad de este escenario. «Sería absolutamente grave porque seamos claros: el papel de un juez es decidir la responsabilidad y emitir sentencias, mientras que el del Gobierno es cumplirlas», sentenció el togado.
Suárez enfatizó que «los jueces no manejamos presupuesto ni financiamos recursos; esa es una obligación del Ejecutivo». Esta postura reflejó el intento de la jurisdicción de asegurar que el Estado asumiera la carga financiera que los bienes de las Farc no lograron cubrir.
La falta de estos recursos impacta directamente la ejecución de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR). La primera sentencia, que condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las Farc, contempla proyectos por un valor de 35.762 millones de pesos. Estos fondos debían destinarse a la acción integral contra minas antipersonal, la búsqueda de personas desaparecidas y la construcción de memoria histórica.
A su vez, la sentencia contra los militares del Batallón La Popa por «falsos positivos» requiere una inversión aún mayor, calculada en 86.096 millones de pesos, dirigidos a las comunidades indígenas Kankuamo y Wiwa en la Costa Caribe.
Aunque en abril de 2025 el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, firmó un memorando de entendimiento y anunció 50.000 millones de pesos para activar la subcuenta de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el reciente informe de la Contraloría confirmó que, para la vigencia 2026, no se tienen los recursos presupuestados para cumplir las órdenes judiciales.
Responsabilidad de Estado
Frente a la incertidumbre sobre si un futuro gobierno podría frenar la financiación bajo premisas políticas, la magistrada Nadiezhda Henríquez se mostró tajante en una entrevista reciente con esta agencia de noticias. La togada aseguró que el blindaje de la JEP no depende de la voluntad política de un mandatario de turno, sino de la exigencia de las víctimas.
«Si las víctimas no sienten restaurados sus derechos van a seguir reclamando verdad, justicia, reparación y no repetición en ese tribunal o en cualquier tribunal», afirmó Henríquez. Para la magistrada, intentar detener el proceso por falta de fondos sería inútil, pues lo calificó como «una avalancha que no la paran con discursos».
La Contraloría, por su parte, instó a las partes a proveer los recursos necesarios, advirtiendo que la falta de monetización de los bienes y la ausencia de presupuesto estatal pueden «comprometer la responsabilidad del Estado» ante la comunidad internacional y las víctimas del conflicto.
BOGOTÁ, (Colprensa).
