El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, informó, durante su participación en el Congreso de Confecámaras, que el organismo de control ha recuperado más de $3,6 billones a través de procesos de responsabilidad fiscal desde el año 2022.
Durante su intervención, el jefe del organismo de control fiscal hizo una reflexión sobre la necesidad de construir confianza en las instituciones, la cual, aseguró, se logra con entidades «sólidas, transparentes, técnicas y cercanas, que velen por la correcta gestión de los recursos públicos y la protección de los derechos fundamentales».
Rodríguez Becerra enfatizó que los resultados son el principal soporte de la confianza ciudadana y explicó que la mala administración de lo público trasciende el error administrativo. «Una obra mal planeada o una obra mal ejecutada, significa un hospital que no abre, un colegio vacío, una familia que sigue esperando un techo digno, comunidades sin agua potable, energía, conectividad e incluso el aumento de la informalidad económica en las ciudades y el campo», señaló el Contralor.
En esa línea, detalló que, además de los $3,6 billones recuperados, que ya fueron girados al Tesoro Nacional, el control preventivo y concomitante de la entidad ha generado beneficios por más de $13,5 billones, los cuales se han materializado en la finalización de hospitales, colegios, acueductos, proyectos de saneamiento básico, conectividad y vías, entre otros. La Contraloría ha consolidado más de 4.500 hallazgos con presunta incidencia fiscal por una suma superior a los $14 billones, además de otros con posibles implicaciones penales y disciplinarias que ya fueron trasladados a las autoridades competentes.
El Contralor General dedicó una parte de su discurso a la vigilancia que practica sobre las Cámaras de Comercio. Informó que en los últimos tres años se ha auditado al 84% de estas entidades en el país. Como resultado de este seguimiento, se identificaron 39 hallazgos fiscales que suman más de $5.157 millones y se lograron beneficios de auditoría por $769 millones.
Los principales problemas detectados en las Cámaras de Comercio incluyen el uso de recursos públicos para comprar edificaciones sin la debida anotación en el registro de instrumentos públicos, el pago de mantenimiento o impuesto predial de bienes de propiedad privada, y la utilización de fondos públicos en actividades no relacionadas con sus funciones legales.
Rodríguez Becerra también expuso la estructura financiera de estas entidades, indicando que administran anualmente cerca de $1,2 billones de recursos públicos, de los cuales el 58% se concentra en las cámaras de Bogotá (35%), Medellín (13%), Cali (6%) y Barranquilla (4%). El 42% restante se distribuye entre las otras 54 cámaras, lo que evidencia, según el Contralor, la debilidad financiera de algunas para fortalecer el tejido empresarial en sus regiones.
Finalmente, el Contralor General hizo un fuerte llamado a no politizar ni instrumentalizar los informes y advertencias que emite la entidad. «Puedo decir con total firmeza que la Contraloría General de la República basa sus informes y advertencias en hechos y datos construidos técnicamente y que en ningún momento hace parte de la polarización que se presenta en el país», concluyó. Resaltó que los informes deben ser analizados en su totalidad y no usar cifras parciales para conveniencias particulares.
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