Como un «daño fiscal» por $5.670 millones calificó la Contraloría General un hallazgo al interior de la Aeronáutica Civil, puesto al descubierto en el marco de una auditoría financiera.
La investigación a las cifras y movimientos dentro del organismo reveló que la Aerocivil suscribió un contrato para «prestar el servicio de mantenimiento y operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, potables e industriales» en los aeropuertos que regenta esa entidad en la regional centro sur, «sin contar con las debidas licencias, permisos y autorizaciones necesarias».
Se trata de los aeródromos de Florencia, Guaymaral, Leticia, Mariquita, Neiva, Pitalito, Puerto Asís, San Vicente y Villagarzón.
«Para la operación y tratamiento del agua potable (PTAP) de una Terminal Aérea que cuente con este sistema de suministro, es indispensable la autorización de Concesión de Aguas por parte de la Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción», detalló el órgano de control.
Agregó que en el caso de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) de los aeropuertos se deben obtener, por parte del propietario o concesionario, el Permiso de Vertimientos, también de la Corporación Autónoma Regional a la que corresponda.
«Contratar la operación y mantenimiento de estos sistemas sin tener vigentes las licencias, permisos o autorizaciones correspondientes es, además de violar las leyes y normas vigentes, poner en severo riesgo de afectación a la salud de las personas que utilizan o visitan tales aeropuertos, así como a las personas que habitan en cercanías a éstos, para el caso de las aguas residuales», puntualizó la Contraloría.
Explicó que en el caso de las terminales aéreas de Villagarzón, Puerto Asís, San Vicente del Caguán y Leticia no hay permisos vigentes para las PTAP ni tampoco la concesión de aguas; mientras que Villagarzón, San Vicente del Caguán, Puerto Asís, Pitalito, Neiva, Mariquita, Guaymaral y Florencia se descubrió que no había permisos para los vertimientos de las PTAR.
El ente de control también alertó sobre la baja ejecución del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales en las regiones apartadas del país.
Explicó que este programa tiene la finalidad de conectar las regiones más apartadas del país, a través de infraestructura de transporte aéreo, ya se comprometieron recursos por más de $377.000 millones.
Esto incluye la intervención y mejoramiento de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas y cerramientos de 14 aeródromos priorizados que son propiedad de entes territoriales, entre los que están el de Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y Magüí Payán.
No obstante, la Contraloría advirtió que estos trabajos que vienen desde el 2022 y cuyo plazo de ejecución estaba prevista para mayo de 2025, “solo tenía un avance físico ponderado del 2,31% a diciembre 31 de 2024”.
“Esto generará severas afectaciones a estas comunidades y, además, mayores costos y tiempos de ejecución, respecto de lo previsto inicialmente y de lo prometido a estas”, señalan.
/Colprensa
