Colombia continúa enfrentando una de las más graves y persistentes violaciones de derechos humanos: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.
Entre enero y mayo del presente año, la Defensoría del Pueblo ha documentado 28 nuevos casos, en los que el departamento del Magdalena aparece incluido, junto con otras nueve regiones del país.
De acuerdo con la entidad, los 28 casos reportados se distribuyen en los departamentos de Chocó (6), Antioquia (4), Cauca (4), Nariño (3), Norte de Santander (3), Valle del Cauca (3), Putumayo (2), Amazonas (1), Santander (1) y Magdalena (1).
En ese sentido, las víctimas se dividen en partes iguales entre hombres (14) y mujeres (14), con un alto porcentaje perteneciente a comunidades indígenas (14), de los cuales (3) son afrocolombianos y (11) población no reconocida dentro de ningún grupo étnico.
GRUPOS ARMADOS
Entre los presuntos grupos armados responsables de estos hechos en 2025 figuran el Estado Mayor Central (9 casos), disidencias sin especificar (6), el ELN (6), Segunda Marquetalia (3), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) (3) y un grupo no identificado (1).
El hecho de que seis estructuras distintas estén involucradas evidencia que el reclutamiento no es una práctica aislada, sino una estrategia común que sigue afectando a los menores en distintos rincones del país.
CIFRAS EN 2024
Si se amplía la mirada al año anterior, el panorama se torna aún más preocupante. Durante todo el 2024, la Defensoría del Pueblo conoció 556 casos de reclutamiento de menores a nivel nacional, una cifra alarmante que confirma la sistematicidad de esta violación.
De los casos reportados, 334 fueron hombres y 222 mujeres. Es decir, el 45 % de las víctimas (271 casos) pertenecían a comunidades indígenas, mientras que otras 36 eran afrocolombianas. Asimismo, en 77 casos no se obtuvo información étnica y en 172 los menores no estaban identificados dentro de ningún grupo.
En cuanto a los grupos responsables, el Estado Mayor Central, una de las principales disidencias de las extintas Farc, encabezó las cifras con 217 casos.
Le siguieron disidencias no especificadas (180), grupos armados no identificados (93), el ELN (22), Segunda Marquetalia (17), EGC (14), crimen organizado (6), Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (4) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (3). Estos datos reflejan la proliferación de estructuras armadas que han encontrado en el reclutamiento forzado una herramienta de control territorial.
MAGDALENA, EN EL RADAR
Aunque solo se reportó un caso en Magdalena durante 2025, su inclusión en el informe tiene una alta carga simbólica. Este hecho representa no solo una alerta para las autoridades regionales, sino también una confirmación de que el fenómeno ha tocado nuevamente al Caribe colombiano, tradicionalmente menos expuesto que regiones como el Cauca o el Putumayo.
Estas estructuras aprovechan las condiciones de pobreza, aislamiento y baja cobertura institucional para reclutar menores mediante engaños, intimidación o fuerza directa. La situación es aún más crítica en contextos donde no hay una oferta estatal suficiente en educación, salud o empleo, lo que deja a los niños y adolescentes vulnerables a caer en las redes del conflicto armado.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en que el reclutamiento forzado constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación directa a los derechos fundamentales. Su práctica implica impactos irreparables sobre la vida de los menores, sus familias y sus comunidades, además de destruir su proyecto de vida y someterlos a violencias físicas, psicológicas y sexuales.
