El departamento del Magdalena figura entre las regiones del país donde se han registrado casos de reclutamiento de menores de edad, de acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, en el cual detalla que, en enero y marzo del año actual, se reportó un caso en esta zona, donde un menor fue víctima de este delito perpetrado por grupos armados al margen de la ley.
Asimismo, el balance nacional revela que el departamento de Chocó encabezó la lista con tres casos confirmados durante el primer trimestre del año. Le siguen Norte de Santander, Cauca y Valle del Cauca, cada uno con dos incidentes de reclutamiento forzado de menores.
Junto al Magdalena, otros tres departamentos reportaron un caso cada uno: Amazonas, Nariño y Santander. Estos datos evidencian que, aunque los casos pueden parecer aislados en número, el fenómeno sigue afectando gravemente a la infancia en distintas regiones del país.
La Defensoría del Pueblo también identificó a los presuntos grupos responsables de estos hechos. Entre ellos se encuentran el Estado Mayor Central, disidencias de las Farc sin especificar, la Segunda Marquetalia, el Ejército Gaitanista de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
CASOS EN 2024
En cuanto a las cifras generales de 2024 a nivel nacional, el reporte indica que, se presentaron 533 casos de reclutamiento de menores. De estos, 323 víctimas fueron niños y adolescentes, mientras que 210 correspondieron a población femenina y a otros menores, lo que refleja una afectación significativa para ambos géneros.
Respecto a la pertenencia étnica de los menores afectados, 267 pertenecen a comunidades indígenas, 157 no se reconocen en ningún grupo étnico, 77 casos no cuentan con información clara y 32 corresponden a menores afrocolombianos, lo que evidencia un impacto desproporcionado sobre las poblaciones étnicas vulnerables.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Estado para fortalecer las medidas de protección a la infancia, especialmente en las zonas rurales y apartadas donde operan estos grupos armados ilegales. Asimismo, se exhortó a las autoridades locales y nacionales a redoblar esfuerzos en la prevención de este delito.
En ese sentido, el fenómeno del reclutamiento forzado de menores continúa siendo una de las violaciones más graves de los derechos humanos en Colombia, afectando el presente y futuro de cientos de niños y niñas, particularmente en territorios marcados por la violencia y la exclusión social.
“Urge fortalecer entornos protectores, escuelas y comunidades para prevenir esta violación al DIH. Además, se necesitan canales más seguros y efectivos de denuncia que permitan a las víctimas reportar sin riesgo, garantizando que las autoridades investiguen y judicialicen a los responsables de este flagelo que afecta especialmente a poblaciones vulnerables”, indicaron desde la Defensoría del Pueblo.
