En un informe revelado por la Defensoría del Pueblo, el Magdalena cerró el año 2024 con una cifra alarmante: 534.571 personas fueron registradas como víctimas del conflicto armado, lo cual reflejó un impacto devastador de décadas de violencia en el departamento, donde comunidades enteras quedaron marcadas por desplazamientos, amenazas, asesinatos, y múltiples formas de vulneración de sus derechos.
El reporte detalló una distribución por género que evidenció una afectación casi equitativa entre la población femenina y masculina. 269.582 mujeres y 264.278 hombres fueron víctimas directas, mientras que 252 personas se identificaron como pertenecientes a Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas Osigd, lo que dejó ver que la violencia también alcanzó a quienes históricamente han sido marginados por su identidad.
Asimismo, la edad tampoco fue una barrera para el conflicto. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 198.785 menores de edad sufrieron consecuencias del conflicto, ya fuera como víctimas de desplazamiento, reclutamiento forzado o violencia sexual. A ellos se sumaron 207.089 adultos y 33.322 adultos mayores, lo cual demostró que la violencia dejó huellas en generaciones enteras.
HERIDAS DEJADAS POR EL DESPLAZAMIENTO
El informe también incluyó la variable étnica. 8.346 indígenas, 58.387 personas negras o afrodescendientes, 223 palenqueros, 466 raizales y 412 gitanos fueron registrados como víctimas. Asimismo, llamó la atención la cifra de 466.737 personas sin adscripción étnica, lo que pudo evidenciar tanto fallas en el registro como temores históricos a declarar identidades culturales.
Otro dato importante fue la situación de las 72.825 mujeres jefas de hogar que quedaron solas, muchas de ellas tras perder a sus parejas por causa del conflicto o el desplazamiento forzado. En ese sentido, ellas cargaron con el peso de sostener a sus familias en medio de la pobreza, el dolor y la incertidumbre, enfrentando múltiples barreras estructurales.
En cuanto a la condición física de las víctimas, el informe mostró que 21.648 personas con discapacidad sufrieron afectaciones vinculadas al conflicto, ya sea por heridas de guerra o por condiciones que se agravaron debido a la falta de atención. En contraste, 512.923 personas no registraron discapacidad, aunque muchas de ellas terminaron enfrentando traumas físicos o psicológicos persistentes.
Cada cifra presentada representó más que una estadística: fue la historia de una vida interrumpida por la violencia. Las comunidades del Magdalena, tras años de conflicto, cargaron consigo el peso del desplazamiento, el miedo y la pérdida. El departamento fue testigo de la destrucción de hogares, proyectos de vida y tradiciones comunitarias.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo instó al Estado a fortalecer las acciones de reparación integral, reconstrucción del tejido social y garantías de no repetición. Magdalena, como tantas otras regiones de Colombia, cerró el 2024 con la urgencia de sanar heridas, reconstruir la esperanza y dignificar a sus víctimas.
