La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó este jueves al representante a la Cámara Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros por presuntas irregularidades en contratos firmados durante su paso como gobernador del Chocó entre 2016 y 2019.
Según la investigación, los hechos ocurrieron durante la administración de Palacios Mosquera como gobernador, específicamente en la celebración, ejecución y liquidación de un contrato suscrito con el Consorcio Plaza de Mercado Itsmina para adelantar mejoras en ese espacio público del municipio. También se revisaron posibles anomalías en un contrato de interventoría vinculado al mismo proyecto.
La Sala de Instrucción concluyó que los actos investigados comprometerían la legalidad del proceso contractual y permitirían determinar una apropiación indebida de recursos públicos a favor de terceros por un valor de $1.082 millones de pesos.
Una vez quede en firme la decisión de acusación, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, encargada de juzgar a los congresistas aforados.
La acusación de la Corte se suma al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, que el pasado 4 de abril solicitó formalmente el llamado a juicio contra el congresista. El Ministerio Público indicó que hubo fallas en la cesión del Convenio 01 de 2014, autorizado durante la gobernación de Palacios, el cual ya tenía antecedentes de ejecución deficiente.
De acuerdo con el órgano de control, la cesión se autorizó sin asegurar el interés general ni el cumplimiento de requisitos legales, permitiendo que la misma entidad jurídica inicialmente responsable continuara con el contrato, sin declararse su incumplimiento.
Uno de los hallazgos clave fue la debilidad financiera de la empresa Service SAS ESP, participante del consorcio, cuyo respaldo económico estaba sustentado únicamente en una hipoteca sobre un bien inmueble, propiedad del esposo de una de las personas involucradas, con un valor estimado de $1.000 millones. Esta garantía, según la Procuraduría, representaba una expectativa de recursos sin solidez.
Además, se señaló la falta de motivación válida para autorizar dicha cesión, lo cual habría contravenido principios básicos de contratación pública. Según la Procuraduría, la cesión del contrato habría sido una maniobra para eludir la declaratoria formal de incumplimiento y mantener la ejecución sin sanciones.
Con la acusación en firme, el proceso contra Jhony Palacios Mosquera avanzará hacia la etapa de juzgamiento. La Sala Especial de Primera Instancia será la encargada de determinar si hubo responsabilidad penal del actual congresista en el manejo de los contratos cuestionados durante su paso por la Gobernación del Chocó.
/Colprensa
