Luego de una visita especial de verificación por parte de la Contraloría distrital a las instalaciones de la Essmar, se acordó el ajuste de precio de los chalecos adquiridos y entregados al personal administrativo y operativo de la entidad, alineándolos con el valor del mercado, pasando de $1.160.493 a $130.000 por unidad.
Vale recordar que, el ‘escándalo’ de los chalecos salió a la luz, luego que la exagente interventora Isis Navarro, señalara vehemente el millonario contrato por más de $39 millones para la adquisición de 40 chalecos destinados a los trabajadores sindicalizados de la entidad.
La fabricación de la indumentaria estuvo a cargo del contratista Reproquic S.A, el cual emitió una Nota Crédito luego de la denuncia realizada en el mes de febrero, rebajando un 89% del costo individual de cada chaleco, pasando de $1.160.493 IVA incluido, a $130.000 con IVA incluido.
LA DENUNCIA
La señora Isis Navarro explicó que, cuando asumió su cargo el 30 de agosto, el contrato para la adquisición de los chalecos ya había sido publicado y tres oferentes estaban en proceso de presentar sus propuestas.
En ese sentido, la exinterventora Navarro cuestionó duramente este monto, asegurando que el valor de cada chaleco debería estar entre $300.000 y $400.000, lo que generó un sobrecosto superior a los $20 millones.
Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando, en septiembre, el Ministerio de Trabajo realizó una visita debido a una queja interpuesta por un sindicato quienes denunciaban la falta de entrega de la dotación.
Como resultado, el organismo de control emitió un acta en la que advirtió que, de no entregarse los uniformes antes del 10 de octubre, Essmar enfrentaría una sanción de hasta $5.000 millones.
Ante esta situación, Navarro indicó que, aunque no fue responsable de la licitación, su equipo adelantó el proceso para evitar la sanción, entregando los uniformes dentro del plazo estipulado. “La Essmar tiene las finanzas tan críticas que no podía enfrentar una multa. Durante el tiempo que estuve en la empresa no desembolsé ni un solo peso a ese contrato”, afirmó.
Isis Navarro también destacó que el comité evaluador del contrato incluía miembros de Fuerza Ciudadana, Recursos Humanos y del área jurídica de Essmar, asegurando que su intervención se limitó a agilizar los trámites para evitar mayores perjuicios a la empresa.
FACTURACIÓN
En consulta con la empresa encargada de los servicios públicos de Santa Marta, Essmar, se indicó que el dinero restante, tras la modificación en el valor de los chalecos, fue simplemente facturado. Es decir, dicho monto no fue transferido al contratista, sino que se mantuvo registrado como una factura pendiente, sin que se generara un pago efectivo.
LA VEEDURÍA SOCIAL
Sin embargo, muchos creen que, una vez conocida la denuncia a través de los medios de comunicación, la Essmar, presionada por el peso de la opinión pública, no tuvo más opción que tomar medidas contundentes e inmediatas para evitar la configuración de un detrimento patrimonial, ‘protegiendo’ así los recursos públicos de la entidad.
No obstante, la empresa reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, asegurando que se adoptaron las acciones necesarias para prevenir cualquier tipo de irregularidad.
Además, afirmó que continuará colaborando con las autoridades competentes para aclarar cualquier duda o preocupación adicional, sin perjuicio de las posibles acciones disciplinarias y/o fiscales que correspondan.
