La presencia de grupos armados ilegales que coartan la libre participación política en diversas regiones, así como la intimidación y el miedo, restringen el ejercicio del voto libre e informado.
Con la presentación del calendario electoral por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral -MOE- Colombia
dio inicio al proceso de observación de los comicios del 2026 en los que se elegirán a los miembros del Congreso de la República y el presidente de Colombia.
La actividad tuvo lugar en el auditorio Roque Morelli de la Universidad del Magdalena a donde acudió el teniente coronel Jaime Higgins, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el doctor Oscar Meza, coordinador regional de la MOE, los delegados de la Registraduría del Estado Civil y profesionales voluntarios quienes analizarán las condiciones de seguridad previas a los comicios.
Al lanzamiento de la Observación Electoral en el Magdalena asistieron además representantes de organizaciones de la sociedad civil, religiosas y universidades. “Este despliegue se hace a través de 35 regionales, con lo cual se busca garantizar una observación con presencia en al menos el 80 por ciento del territorio nacional, teniendo especial atención en las zonas con alto nivel de riesgo electoral a través del Mapeo que la MOE elaborará para estos comicios”, señaló Frey Muñoz, subdirector de la MOE.
Precisó que la labor de observación electoral será posible gracias a la participación de aproximadamente 12.000 observadores voluntarios, con presencia en los 32 departamentos del país. Además, la MOE implementará enfoques diferenciales para monitorear la participación política de mujeres, personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, personas con discapacidad y población étnico-racial. Asimismo, el proceso contará con un equipo de observación internacional que fortalecerá el acompañamiento al proceso electoral.
Según la MOE existen cuatro retos fundamentales para las elecciones del 2026 e hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad civil para articular esfuerzos en aras de enfrentar un contexto electoral desafiante.
“La violencia es una de las amenazas más graves para la democracia en nuestro país”, recalcó Muñoz, y en ese sentido indicó que “la MOE insiste en que las políticas de paz y seguridad deben estar articuladas con la estrategia electoral para garantizar condiciones adecuadas para el voto libre. La presencia de grupos armados ilegales que coartan la libre participación política en diversas regiones, así como la intimidación y el miedo, no solo afectan a quienes aspiran a cargos de elección popular, sino que también restringen el ejercicio del voto libre e informado”.
Asimismo, esta organización indicó que el segundo reto hace referencia a la transparencia en la financiación y ejecución de recursos de las campañas electorales. En tal sentido, afirmaron que la infiltración de recursos de origen ilícito y la desviación de recursos públicos, acompañada de prácticas de corrupción electoral, siguen debilitando la credibilidad del sistema electoral.
“No basta con el control de la autoridad electoral; las mismas organizaciones políticas y candidatos deben asumir una mayor responsabilidad frente a la sociedad, asegurando que sus campañas cumplan con los principios de legalidad y transparencia”, agregó Muñoz.
Como tercer desafío, la MOE manifestó su preocupación por la estabilidad del sistema de partidos. Al respecto, indicó que, con 32 partidos políticos y la incertidumbre sobre cuántos prevalecerán debido a escisiones, fusiones y decisiones judiciales, la fragmentación del liderazgo político amenaza la coherencia ideológica y la responsabilidad en la selección de candidaturas.

