Tras el asesinato del pastor Iván Darío García González, líder de la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer, ocurrido la noche del pasado 9 de enero en la vereda Carital, localidad de RioFrío en Zona Bananera (Magdalena), la Procuraduría General de la Nación emitió un pronunciamiento de rechazo a este nuevo atentado contra la vida y pidió a las autoridades medidas de protección para los líderes religiosos del país.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, condenó el crimen y lo calificó como un atentado contra el derecho a la vida, la libertad de culto y la paz social en los territorios.
“Estos líderes religiosos, lejos de representar un riesgo, son pilares fundamentales de nuestras comunidades, y su persecución debe ser tratada como una prioridad nacional”, afirmó Sarmiento.
“Este pastor es una de las muchas víctimas que enfrentan riesgos asociados al ejercicio de liderazgos religiosos, un sector que desempeña un papel fundamental en la cohesión social y la construcción de valores”, agregó.
Ante los recientes crímenes, el Ministerio Público afirmó que adelanta actuaciones que incluyen requerimientos al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), instando a identificar a los liderazgos religiosos como una población en situación de riesgo y evaluar su inclusión como sujetos diferenciados en el Programa Nacional de Protección.
El organismo advirtió que la impunidad y la falta de medidas preventivas están dejando a los líderes religiosos a merced de quienes buscan sembrar el miedo.
Por último, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a trabajar de manera conjunta para garantizar entornos seguros, no solo para los pastores, sino para todos los líderes sociales que enfrentan amenazas en Colombia.
