Diariamente las cuatro empresas dedicadas al transporte urbano de pasajeros de Santa Marta, están recibiendo 60 millones de pesos por concepto de la compra de la cartulina, que le permite operar, de lo contrario, no puede salir a hacer los recorridos de ruta.
Así fue denunciado por el concejal Juan David Vergel en el marco de la sesión pasada, donde pidió a entidades como el Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Martas, SETP y la Secretaría de Movilidad, hacer control político a esta situación.
Durante su disertación el cabildante denunció que en Santa Marta hay un parque automotor integrado por unos 500 buses, la mayoría en mal estado que, deben pagar 120 mil pesos por una cartulina para poder operar.
Estos buses, pertenecen a los grandes empresarios que los tienen afiliados a las cooperativas Cootransmag, Transporte Bastidas, Rodamar y Rodaturs, que tienen el monopolio y son quienes deciden los que pueden operar y los que no.
Pero ‘Juancho Pueblo’ que solo tiene un bus del cual viven unas tres familias, el día que no tenga para pagar esa cartulina, no puede operar y los más grave es que el valor de dicho permiso se va acumulando por cada día que deje de trabajar y en estos momentos hay muchos buseteros con deudas millonarias que no saben qué hacer.
En virtud de lo anterior, para que haya equidad en ese gremio y todos puedan trabar, se citó para la sesión del 12 de julio a la directora del Setp, Sandra Brito Linero y al Secretario de Movilidad, Fidel Castro, para que despejen duda en torno a esta situación.
“Actualmente en Santa Marta hay un promedio de 500 buses trabajando diariamente, esos vehículos son de grandes transportadores, pertenecientes a las cuatro empresas que hay en la ciudad, quienes reciben en promedio diario de 60 millones de pesos por el valor de la cartulina”, dijo el concejal Vergel.
DEBEN RESPONDER
La intención de su citación al SETP y Movilidad al recinto del Concejo Distrital, es para que se haga un control político equitativo para todo el gremio y que todos pueden recibir los frutos que deja este trabajo.
“No se justifica que, el propietario de un bus del cual viven unas tres familias (la del propietario y la de los dos choferes que cumplen turnos), dejen que trabajar porque un día no tengan para pagar la cartulina”, manifestó.
Ahora, si el bus permanece en patio, el valor de la cartulina se va acumulando y cuando vienen a ver, tiene una suma impagable. “Es allí donde se requiere el control político de la administración distrital, para que haya equidad y todos se beneficien”.
A preocupación del concejal Juan David Vergel, se suma el clamor del pueblo, que exige buen estado físico y mecánicos en dichos vehículos, algunos considerados como ‘anafes andantes’ que no reúnen las condiciones mínimas para operar.
‘ANAFES RODANTES’
“No es confiable montarse a un bus de eso. Ya son muchos los que han quedado varados en plena vía, afortunadamente todo ha quedado en susto, pero el día que ocurra una tragedia, quién va a responder por estos”, se preguntó Israel Mercado Castillo, usuarios del transporte.
El usuario fue más allá de la simple denuncia. Advirtió que, en el gobierno de la entonces alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, en reunión con los transportadores para el aumento de la tarifa se acordaron muchos puntos que solo quedaron en el papel, porque en la realidad, no se están cumpliendo.
“Se acordó los buses con aire acondicionados, para mitigar el calor que en estos tiempos azota la ciudad, para lo cual se acordó una tarifa de 2.600 pesos, pero eso se está cumpliendo, cobran la tarifa, pero no tienen aire”, sostuvo a su turno María Rosalba Hinojosa, estudiante universitaria.
Finalmente, se conoció que el sector estudiantil de Santa Marta, especialmente lo que asisten a los magacolegios que en su mayoría son familias de escasos recursos económicos, residentes en barrios populares o marginales, se quedaron esperando que los transportadores implementaran la tarifa diferencial acordada en ese entonces con la administración distrital.
