La comunidad del pueblo palenquero fundado en 1526, por africanos-cimarrones a las orillas de la Ciénaga Grande de Santa Marta, como expresión de resistencia ante la esclavitud, en Puebloviejo, busca la reivindicación a través de las entidades encargadas de la reparación.
El asesinato de 40 líderes, tres desplazamientos masivos en 2002, 2005 y 2007 y actos victimizantes en 2022, han sido los hechos que han venido marcando la historia de Rincón Guapo Loverán.
Tierra Nueva, al igual que San Juan de Palos Prietos, son los corregimientos más antiguos de Puebloviejo, con una población de inmensa mayoría afrodescendiente, quienes la lejanía a zonas urbanas y sobre todo, la ausencia del Estado los hizo conservar costumbres y formas muchos más simples de disfrutar la vida.
Sus ancestros, provenientes de la trata de esclavos en Cartagena, y comunidades de El Banco, encontraron en una región aledaña a la Ciénaga Grande su terruño; un hogar totalmente apartado de la expansión colonizadora, y en el que la convivencia con el medio natural era un pacto inquebrantable.
Los vecinos de esta comunidad han vivido en carne propia la violencia sexual y de género, las amenazas, estigmatización, reclutamiento forzado y un debilitamiento de la integridad cultural a causa de la discriminación, son las tristezas que durante años han vividos los vecinos de la comunidad de Rincón Guapo Loverán, población del municipio de Puebloviejo.
Como en la mayoría de los asentamientos que hacen parte de esa población, la pobreza se ha convertido en el patrimonio con el que vive una región por años abandonada por el Estado.
Hasta allá llegó una delegación de la Unidad de Restitución de Tierras, liderada por el doctor Acxan Duque Gámez, líder de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, con quien se hizo la firma protocolaria con la que se iniciará el proceso de reparación colectiva y caracterización del Consejo Comunitario de Comunidades Negras.
“Las comunidades quieren vivir en paz, han logrado cuidar y proteger este territorio, entonces estamos haciendo una solicitud para que los pueblos afrodescendientes, comunidades como estas, que quieren cultivar sus alimentos, alzar sus voces, dar a conocer su cultura, quieren vivir en sus territorios de manera pacífica. Ese será el propósito de nuestro Gobierno Nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, vamos a acompañar esta comunidad”, dijo Duque Gámez.
Este grupo étnico que se reconoce como descendientes africanos cimarrones que huyeron de la esclavitud, vive a la orilla de la Ciénaga Grande Santa Marta pidiendo que el Estado voltee sus ojos hacia ellos y les brinde las garantías mínimas de subsistencia como ciudadanos colombianos que son.
LA HISTORIA
Rincón Guapo Loverán, deriva su nombre por ser el único rincón que quedaba para refugio de las comunidades negras, al ser inhóspito, de difícil acceso y con la proliferación de mosquitos. Por eso la gente decía al entrar allí “Es para guapos, porque el mosquito sale en manadas”. Loverán representa el imaginario colectivo de la comunidad de apropiarse de ese territorio con el anhelo de ver un mensaje de bienestar para su gente.
La presencia histórica de las comunidades negras de Rincón Guapo Loverán, en el departamento del Magdalena, región Caribe, se remonta al periodo colonial y es paralela a la fundación del municipio de Puebloviejo, en 1526. El poblamiento y la ocupación del territorio se dio a través del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta, que fue el camino del agua por donde llegaron nuestros ancestros, “Los Bogas”, como eran conocidos por las actividades de navegación desde Santa Marta y Cartagena en el mar Caribe hasta el centro del país. Por su labor, tenían permanente movilidad y estaban en contacto con la naturaleza, lo que les permitió conocer el territorio, en el cual huían de la esclavitud, y conformar el palenque de Rincón Guapo Loverán.
Este asentamiento ancestral lo conforman las comunidades negras de Loverán, Tierra Nueva, Isla de Cataquita, el Triunfo y Negrínis, que conservan una identidad cimentada en raíces africanas, con vínculos históricos en el territorio y una especial relación con la tierra y el agua como espacio de subsistencia/vida, donde se ejerce el Gobierno propio, se expresa y vive la cultura a través de los usos, los saberes, las costumbres propias, el arte y los oficios, la música, la danza, las ceremonias o los rituales, los valores espirituales y culturales; el ser afrocolombiano se expresa en el territorio como espacio para ser comunidad negra y vivir conforme con los usos y costumbres propias.
LA COMUNIDAD
“Ha sido una lucha histórica, una lucha en contra de una vida de violencia, tanto institucional, como violencia económica del que hemos salido victoriosos”, así indicó la señora Marly Esther Molina, vecina de esa comunidad.
Los residentes de esa comunidad aseguran que durante 24 años han esperado el inicio del proceso de reparación colectiva y caracterización del Consejo Comunitario de Comunidades Negras.
Aseguran que ante el Incora en 1997 presentaron la primera solicitud, luego en 2004 y en 2021 en una acción de tutela, solicitaron la reparación que apenas empieza en este Gobierno de 2023.
“Ha sido un Estado despojador, un Estado que margina y que oprime al pueblo negro, cómplice de esta violación de los derechos humanos, colectivos y territoriales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, sin una política que garantice los derechos”, añadió la líder comunitaria.
La comunidad asegura que desde hace décadas trae una lucha por la defensa de sus derechos territoriales y culturales, sin embargo, el conflicto armado y otros factores externos han provocado múltiples hechos victimizantes en su contra.
Otro de los pobladores acotó: “Llevamos décadas, en un proceso de titulación colectiva donde el Estado no le ha garantizado los derechos a la comunidad. Desde que se fundó Incoder, luego Incora y posteriormente la Agencia Nacional de Tierras, han salido tres fallos donde jueces ordenan a las autoridades competentes la titulación colectiva del predio de la comunidad. Lo que vemos es negligencia del Estado y dilaciones de los procesos. Ninguna de esas instituciones respondió al llamado de la Defensoría, ni al de la comunidad”, enfatizó.
