La Alcaldía estudia ´plan de transición´ que podría tardar hasta tres meses. Dicen que se buscaría alianza público privada para operar el manejo del tránsito. Por cada $100 que ingresaban a las arcas del Distrito, $70 eran para el privado y sólo $30 para la ciudad.
El fin de una nueva concesión en Santa Marta ha sido confirmado por la alcaldesa Virna Johnson Salcedo. La consigna de recuperar las rentas que están en manos de privados para darle manejo desde lo público, se hace efectiva una vez más. El contrato para el montaje, implantación, mantenimiento y operación de un sistema integrado de soporte técnico para todo el funcionamiento del área de tránsito en la ciudad, administrado por la Unión Temporal de Servicios Integrados y Especializado de Transito – Siett, ha sido finalizado y el distrito ha dicho que no lo renovará.
El Siett tomó vida jurídica mediante el contrato número 001 del 22 de enero del 2003, suscrito con el Instituto Distrital de Tránsito y Transporte de Santa Marta (Indistran), y desde entonces ha ejecutado el recaudo de sanciones a contravenciones y multas de tránsito, la recuperación de cartera de las sumas de dineros y créditos a favor del distrito, esto sumado a la implementación de las fotodetecciones electrónicas, los comparendos por las mismas, además de la diligencia de la documentación que dispone el Registro Nacional Automotor (RNA) y el Registro Nacional de Conductores (RNC).
Por esta actividad, la entidad había acordado hace 20 años una distribución de ganancias de 70% – 30%, lo cual, ha generado a los últimos tres gobernantes distritales una necesidad de acabar con el leonino contrato. Y aprovechando la caducidad de los efectos de la concesión, Johnson ha designado la tarea al nuevo secretario de Movilidad, Ernesto Castro, no sólo de despedir al Siett, sino robustecer la capacidad institucional para asumir la operación del sistema.
“Los gobiernos del Cambio nos hemos caracterizado por la recuperación de lo público, no somos amigos de concesionar y que las entidades de los samarios se queden en manos de privados. No vamos a seguir concesionando los procesos de trámites y servicios asociados a la oficina de Tránsito, sin embargo, posiblemente tengamos que hacer otra prórroga corta para que la Secretaría de Movilidad empiece a meterse mucho más en la operación, avance en diversos análisis y estudios que nos permitan establecer planes en beneficio de la ciudad”, confirmó la alcaldesa a HOY DIARIO DEL MAGDALENA.
Por otro lado, la cabeza del ejecutivo fue radical en sentenciar que, “esta concesión durante casi dos décadas de vigencia se ha quedado con la mayoría de los ingresos que perciben, muy poco es lo que le aporta al Distrito, lo que ha limitado que la ciudad cuente con inversiones que permitan mejorar la movilidad”.
El tiempo extra que tendrá el Siett será para generar enseñanzas de un complejo andamiaje, lo que, sin dudas, representará un reto para la administración. “Este concesionario es muy dañino y perjudicial para los intereses de lo público. Los porcentajes, altos para ellos y bajos para nosotros, fueron pactados por quienes no pensaron en el bienestar de los ciudadanos, sino en el enriquecimiento de unos pocos”, acotó Castro.
En revisión a los informes publicados por la empresa en su sitio web, desactualizados dicho sea de paso, esta casa periodística evidenció que en el trienio 2016 – 2017 – 2018 recaudaron por concepto de ingresos una suma por el orden de los $31.444 millones versus al reporte de inversiones por semaforización y otros, que fue de $2.499 millones (año 2016).
Este pacto de tercerizar este servicio fue autorizado por el entonces alcalde Hugo Gnecco Arregocés, y en 2006, luego de un otrosí firmado por José Francisco ‘Chico’ Zúñiga, empiezan a administrar e instalar los semáforos.
ANTECEDENTES DEL FIN
Esta no es la primera vez que en Santa Marta se habla de suspender la operatividad del
Siett como empresa privada, ya en 2006, mediante la vía judicial, un grupo de ciudadanos presentaron una acción popular para declarar nula esta Unión Temporal. Pero fue cinco años más tarde, en un fallo de segunda instancia, que el Tribunal Administrativo del Magdalena dejó sin en efectos jurídico el contrato de concesión y dispuso un paso a paso para la transición a manos del Distrito.
Los demandantes alegaron que el entonces Indistrán, no realizó los estudios técnicos previos a la apertura del proceso de selección, a que se refiere el artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y que para la suscripción del mismo, tuvo que liquidar un contrato anterior con objeto similar suscrito con la Unión Temporal Telecom S.A. E.S.P. & Global Software. Asimismo, 16 años atrás ya se dejaba claro que la remuneración negociada a favor del concesionario era “excesivamente onerosa para la entidad pública contratante, especialmente, tratándose de tasas y derechos de tránsito”.
No obstante, cuatro meses después, en una revisión del caso el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, revocó la medida de los magistrados del departamento y de esta manera resucitó al Siett. A partir de este acontecimiento los alcaldes Carlos Caicedo, Rafael Martínez y Virna Johnson empezaron a requerir a este particular las inversiones perentorias para la ciudad.
NADA QUE RECLAMAR
Ernesto Castro, insiste que desde 2011 fue urgente el llamado de las autoridades distritales a establecer planes de mejoramiento que incluyeran destinación de rubros a lo público. Y una vez acabe la concesión, quedarán algunos bienes que servirán para la operatividad en manos de la alcaldía.
“La concesión ya usufructuó, ganó el recurso durante todo este proceso, así que no vemos por dónde más deban hacer solicitudes de un dinero excedente, cuando por mucho tiempo han tenido un recaudo del 70%”, señaló el funcionario.
Por último, el Secretario notificó que, si bien el Distrito puede tener la capacidad para asumir las tareas que adelanta el Siett, no es menos cierto que necesitan de un aprendizaje.
Con este anuncio, el Siett sería la cuarta concesión que se acaba en los últimos once años. Aún quedan Atesa, como operadora del servicio de aseo; la Unión Temporal Amoblamiento Urbano; y la Unión Temporal Compañía de Jesús – Fe y Alegría – la Fundación Pino Verde, quienes tienen a su cargo la atención de los Megacolegios.
