La Superintendencia de Servicios Públicos le envió un documento de tres páginas a los mandatarios locales donde expone la persistencia de tres riesgos-: financiero, técnico y jurídico, que están debilitando la estructura de la compañía.
El Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, respondió la carta que envió el gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Johnson, al presidente Gustavo Petro Urrego, donde solicitaban la finalización de la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del distrito (Essmar), la cual inició en noviembre del año pasado.
Quiroga le envió un documento de tres páginas a los mandatarios locales exponiendo que ordenó una revisión y análisis del contexto integral de los diferentes aspectos, ante un eventual levantamiento de la toma de posesión y los riesgos de una decisión institucional en ese sentido, con el consecuente efecto negativo inmediato para garantizar a los samarios la prestación de los servicios a su cargo.
El funcionario asegura que al término de dicha evaluación encontraron, entre otros, un riesgo financiero, uno jurídico y uno carácter técnico, los cuales los llevaron a mantener la intervención y a designar como agente especial a una persona jurídica, debido a las características de dichos aspecto.
“Ante la eventualidad del levantamiento, encontramos un riesgo financiero con un impacto importante sobre la Essmar y la sostenibilidad en la prestación de los servicios, principalmente por la inminente exigibilidad por parte de los acreedores de la empresa por concepto de deudas pre-toma, por un valor cercano a los $72.000 millones, aproximadamente $22.000 millones de éstos son fiscales, y que corresponden a aquellas obligaciones a cargo de la empresa intervenida cuyos pagos se encuentran suspendidos como una de las medidas adoptadas en la orden de toma de posesión”, dijo el superintendente.
Por otro lado, en la respuesta a la misiva menciona el déficit operativo proyectado por la empresa para diciembre de 2023, por un valor cercano a los $17.000 millones, cuyas situaciones de riesgo se enmarcan principalmente en la dificultad inmediata que se ocasionaría para el pago de obligaciones a los proveedores.
Para Quiroga acceder a la petición de la alcaldesa y el gobernador, podría ocasionar una afectación en la continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Esto sumado a las demandas y cobros coactivos por parte de los acreedores.
De otra parte, en relación con el proyecto para el sistema de acueducto ‘El Curval’, Quiroga informó, que desde su Superintendencia, en el marco de las facultades, ha realizado todos los esfuerzos posibles encaminados a que avance esta solución para la prestación del servicio de acueducto en Santa Marta.
“Señor Gobernador y señora Alcaldesa, me permito convocarlos a que trabajemos de manera armónica en la búsqueda de las soluciones que requiere la ciudad en materia de agua potable y saneamiento básico, uniendo esfuerzos desde al ámbito local y nacional para lo cual estamos abiertos a las concertaciones que se requieran para el efecto”, concluye la carta.
La Superintendencia considera que EPM cuenta con las capacidades administrativas, técnicas y operativas requeridas para adelantar este proceso y afrontar los retos que tiene la empresa.
