La procuradora General de la Naciòn, Margarita Cabello le acaba de dar la razón al gobernador del Magdalena Carlos Caicedo frente al OCAD Caribe y conminó a este órgano colegiado a no dilatar más la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, PAE, por parte del ente territorial.
Es así como el Ministerio Público solicitó al OCAD Caribe adoptar medidas inmediatas para garantizar el derecho a la educación de más de 140 mil beneficiarios del PAE en el Magdalena. El ente de control hizo este llamado urgente para que se garanticen los derechos de más de 140.000 beneficiarios del programa.
Pero además, requirió al gobernador de Bolívar en su condición de presidente del OCAD Caribe para adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones en la continuidad del servicio de alimentación escolar para evitar afectaciones en la continuidad del servicio de alimentación escolar que debe brindarse a los niños, niñas y adolescentes, titulares de derecho de esta estrategia de acceso y permanencia escolar.
En su comunicación, la procuradora Cabello manifestó su preocupación porque, tras más de cuatro meses de ser aprobado por la Gobernación de Magdalena el proyecto presentado para la implementación del PAE, el consejo de administración de la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP) Caribe, segundo ejecutor asignado, manifestó su negativa a dicha designación.
Igualmente, el Ministerio Público hizo saber que a comienzos de enero de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también respondió negativamente a tal nominación del OCAD, por no tener la competencia legal para ejecutar el programa.
“En el marco de las competencias preventivas y de control de gestión referidas anteriormente, advertimos del riesgo inminente de que no se logren destinar los recursos necesarios a la alimentación escolar”, señaló en su misiva la Procuraduría.
Finalmente aseveró que “el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.
La Procuraduría recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, solo busca evitar que se materialice el riesgo de que opere la liberación automática de los recursos, y con ello la desaparición del proyecto.
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