El mismo día en que expulsó al teniente coronel retirado José Pastor Ruiz Mahecha, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aprovechó para defenderse de quienes la acusan de ser un escenario de impunidad y para advertir que esta no será la última expulsión.
Para Ramelli, la palabra está mal usada y el debate hay que empezarlo por ahí. «Impunidad es cuando usted no investiga, no acusa y no sanciona», dijo, y sostuvo que la JEP hace exactamente lo contrario. Como prueba citó la macroinvestigación por los secuestros de las antiguas FARC, que según él reagrupó más de 21.000 casos en cinco años de trabajo.
El presidente insistió en que esa investigación fue mucho más allá del secuestro y abarcó desapariciones, malos tratos y violencia sexual que la justicia ordinaria nunca tocó. Por eso, recordó, la primera sentencia de la jurisdicción no fue por secuestro: «Es por 13 crímenes internacionales», repitió para subrayar el punto.
Ramelli también defendió el corazón del modelo: las sanciones propias, que no son cárcel pero obligan a trabajar por las víctimas y a buscar a los desaparecidos. Recordó que la alternativa real nunca fue meter a los excombatientes 50 años a prisión —»eso no ha pasado en ninguna parte del planeta», dijo—, sino una amnistía total como las que cerraron las guerras del pasado en Colombia.
Frente a las víctimas que no quedaron conformes, fue directo: de las más de 4.300 que participaron en el proceso, solo 20 apelaron la primera sentencia. «No buscamos unanimidad ni buscamos comité de aplausos. Buscamos justicia», afirmó, y pidió dar el debate «con altura» y con cifras, no con «descalificaciones baratas».
Tanto Ramelli como la magistrada Reinere Jaramillo, relatora del caso, repitieron que la JEP no existe para repetir los juicios de la justicia ordinaria ni para que un condenado venga a insistir en su inocencia.
La regla, explicaron, tiene un matiz clave. Nadie está obligado a reconocer crímenes que no cometió, pero quien ya tiene condenas en firme —como Ruiz Mahecha— no tiene otra salida que aportar verdad y, además, asumir su responsabilidad. Negarse a hacerlo, dijo Jaramillo, es incumplir el régimen de condicionalidad, el pacto que sostiene todos los beneficios del sistema.
Ramelli dejó claro que el caso del coronel no es excepcional. Dijo que hay incidentes abiertos contra otros comparecientes, tanto de las antiguas FARC como de la fuerza pública, aunque la jurisdicción mantiene como política no revelar sus nombres mientras los procesos avanzan.
«Mes a mes venimos anunciando expulsiones», advirtió el presidente, y planteó la salida casi como una invitación: quien no quiera aportar a la paz puede irse a la justicia ordinaria. Con el caso de Ruiz Mahecha, según Ramelli, la JEP supera ya las 120 expulsiones, la gran mayoría de ellas de exguerrilleros de las FARC.
La expulsión no fue unánime, y eso también se habló en la rueda de prensa. La magistrada María del Pilar Valencia, presidenta de la sección, salvó su voto y aclaró que no se pronunciaría sobre el fondo, pero defendió la imparcialidad del tribunal: las diferencias de interpretación, dijo, las resolverá la Sección de Apelación.
Jaramillo, por su parte, contó que hubo una discusión grande sobre quién debía controlar el régimen de condicionalidad de Ruiz Mahecha, que tenía casos repartidos en varias salas. La subsección decidió, por mayoría, que el tribunal debía hacer un control integral del cumplimiento para evitar decisiones contradictorias dentro de la propia JEP.
A Ramelli lo interrogaron por la renuncia de Pilar Rueda, esposa del candidato presidencial Iván Cepeda, que trabajaba en temas de violencia de género en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la fiscalía de la JEP. El presidente respondió que renunció por motivos personales y que el director de la unidad le aceptó la carta.
Sobre Ruiz Mahecha, Jaramillo aclaró que sigue privado de la libertad en un centro de reclusión militar, un beneficio que el acuerdo de paz reconoce a la fuerza pública. Su pedido de quedar libre por «pena cumplida», tras casi 20 años preso, ya había sido negado y confirmado en apelación.
La decisión, además, todavía no está en firme. Desde este miércoles corren cinco días para que la defensa presente recursos, luego otros cinco para las demás partes, y al final la última palabra la tendrá la Sección de Apelación. Mientras tanto, el coronel sigue detenido y sus expedientes siguen en la JEP.
- colprensa
