La Personería Distrital de Santa Marta declaró responsables disciplinariamente a Bayron Arrieta Jiménez y a Marcelino José Kdavid Rada, quienes para el año 2022 se desempeñaron como secretarios de Gobierno del Distrito, por extralimitación de funciones,
Los exfuncionadrios sancionados, se habrían extralimitados al haber suscrito actos administrativos mediante los cuales se declaró la nulidad de elecciones de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Villa Chimila II y Bellavista.
Tras el análisis probatorio, la Personera Delegada para Servicios Públicos con Funciones de Conocimiento y Juzgamiento, adscrita a la Personería de Santa Marta calificó la conducta de los ex secretarios como falta grave a título de culpa gravísima.
La decisión determinó que dichas actuaciones constituyeron una extralimitación de funciones, puesto que los secretarios de Gobierno solo están facultados (Decreto 1066 de 2015, art. 2.3.2.1.25, numeral 3) para expedir actos de reconocimiento, suspensión y cancelación de la personería jurídica de los organismos comunales, mas no para decidir sobre los procesos electorales internos de estas organizaciones.
En consecuencia, y con fundamento en lo dispuesto en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), la Personería Distrital resolvió declarar responsables disciplinariamente a Bayron Arrieta Jiménez y Marcelino José Kdavid Rada e imponerles sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses.
Dado que los investigados actualmente no ostentan el cargo, la sanción se convierte en multa equivalente a los salarios básicos devengados al momento de la comisión de la falta, conforme al parágrafo del artículo 48 del Código General Disciplinario.
Contra esta decisión procede recurso de apelación de conformidad a lo establecido en el artículo 225G de la Ley 1952 de 2019.
La Personería Distrital reitera su compromiso con la defensa del orden jurídico, la garantía de los derechos ciudadanos y la transparencia en la función pública, asegurando que las actuaciones de los servidores se ajusten a la legalidad y al respeto por la participación democrática de las comunidades.
