El parque ambiental ‘Palangana’ está llegando al final de su vida útil, según la licencia aprobada para su funcionamiento. Sin embargo, la disposición indebida de material de construcción en el botadero de basura agrava la crisis. Las toneladas que ingresan de manera campante, deben ser pagadas por los usuarios.
´Es un clásico tumbe. Primero fue la empresa Interaseo, y ahora lo hace su ´gemela´ Atesa. Y eso tienen que saberlo los samarios. No es posible que nos sigan tumbando de esa manera´, dijo el exalcalde Rafael Martínez.
Y es que todas las miradas apunta a la alcahuetería con la que desde la Empresa de Servicios Públicos del Distrito, Essmar, se viene manejando las relaciones ´promiscuas´ con el nuevo operador de la concesión del servicio de recolección de basuras. ¨Se pensó que con el nuevo gobierno de Petro todo acabará, pero que vá, el poder del Grupo Empresarial de William Vélez es tan fuerte, que ni Petro lo detiene. Con Duque se demostró que Intreraseo tenía mucho poder, y ahora con Petro es igual´, dijo el concejal Efraín Vargas Corvacho.
NEFASTO MANEJO
La llegada de la Superintendencia de Servicios Públicos a la compañía, no solo agudizó la crisis de los servicios de acueducto y alcantarillado y frenó la solución definitiva al desabastecimiento de agua potable de Santa Marta, sino que también estropeó el seguimiento que en la pre-toma se hacía sobre las expósitas irregularidades de la extinta Interaseo.
El exalcalde del Distrito, Rafael Martínez, denunció que desde la llegada de la agente especial Yahaira Díaz Quesada, la Essmar, como interventora del servicio de aseo en la ciudad, retiró de manera flagrante la unidad que hacía supervisión dentro del relleno sanitario Palangana, sacó de las instalaciones del privado el personal que hacía seguimiento a las condiciones técnicas de los vehículos que cumplían las rutas de recolección de desechos, y lo que es peor, permitió que al botadero de basura llegaran contenedores repletos de escombros, cuya tonelada es facturada a los usuarios. ´Llegó tapó todo. Su único propósito y fin era protreger a Interaseo, a los intereses de William Vélez y lo lograron´anotó.
Ayer, en unas fotografías aportadas por el mismo Martínez, queda en evidencia que el material de construcción es depositado en dispositivos marcados con logos de Aseo Técnico de la Sabana, Atesa, apartándose del supuesto plan de manejo que prometieron a su llegada a la capital del Magdalena.
Pero esta situación venía haciendo camino en el Concejo de la ciudad, donde el concejal Efraín Vargas Corvacho alertó a las autoridades ambientales sobre la práctica clandestina que se viene haciendo sin ninguna vigilancia.
El cabildante ha resaltado que además de afectar el relleno, también provocan un detrimento en el bolsillo de los samarios que desconocen el ‘mico’ que les llega mensualmente en sus facturas.
Vargas hizo hincapié en la urgencia de actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, adoptado en 2005, mediante decreto 033 y actualizado en mayo de 2015, para que la empresa recolectora de desechos pueda seguir desarrollando su actividad, incluyendo los cobros por los servicios que ofrece. El cabildante, igualmente aseguró que los vehículos compactadores, según, estarían rebosando su capacidad de carga.
“Encontramos pesajes de camiones por 30 toneladas, siendo esto una exageración, violando el peso máximo aprobado para esta empresa. Y cuando esto se da, se debe cobrar la cantidad excedente que entra al relleno sanitario, el cual no puede recibir escombros, pero aun así lo estarían haciendo, cobrándole a los samarios valores no permitidos… No quiero pensar que en esta materia en el Distrito se le ha cobrado a los samarios por fuera de la ley”, insistió en su momento el concejal.
Pero esta persistencia de la violación de la norma ambiental, se suma a los otros incumplimientos que han generado una mala imagen de Santa Marta, como el desbordamiento de basuras en los puntos contenerizados y el derramamiento constante de aguas residuales.
Por estas fallas documentadas, los líderes cívicos del Distrito han pedido al nuevo Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, que estudie la cesión clandestina que se hizo del contrato de concesión número 007. Y aunque ha habido un primer pronunciamiento del ente de vigilancia, aún no se observan acciones contundentes.
Quiroga, recientemente hizo énfasis en que «todas las empresas que son objetos de vigilancia de la Superintendencia tienen que cumplir con todas las normas, y cuando no se cumple se hacen acreedores de las sanciones pertinentes. Estamos estudiando la cesión que se hizo, y no vemos que haya ningún avance. Con los funcionarios revisamos el tema para ver qué disposición toma la Superintendencia».
